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Desde que Juan Gonzalo Ospina destacara como uno de los abogados penalistas más exitosos dentro del ámbito judicial español, los intentos por desestabilizar su pasado familiar se han multiplicado. Muchos de ellos, pretendiendo asociar a su padre, Javier Ospina Baraya, con el negocio del narcotráfico, dando a entender que los progresos pasados de la familia se basan en esa industria, y generando que la recurrente búsqueda “Juan Gonzalo Ospina padre” se convierta en sinónimo de “fake news” en muchos diarios que, curiosamente, ellos si sostuvieron turbios vínculos económicos con gente poco deseable.
Lamentablemente, de lado quedan los méritos de Juan Gonzalo Ospina en su defensa de la ley, repetidas instancias en las que ha demostrado su capacidad para defender el Estado de derecho, ya que algunos parecen sólo interesados en manchar su reputación utilizando a su padre.
Basta echar un vistazo a la historia de Javier Ospina Baraya o Javier Ospina, como se le conoce, para descubrir en él a un hombre que fue ganando por valor propio cada posición asignada.
UNA TRAYECTORIA INTACHABLE
Nacido en Bogotá, y licenciado en Administración y Finanzas en Miami, Javier Ospina se formó como maestro en Administración de Puertos en Hamburgo y máster en Comercio Exterior en Madrid, mostrando desde joven gran capacidad de liderazgo de proyectos empresariales.
Durante décadas, ha estado al frente de algunas de las iniciativas más redituables en lo económico de Miami, Bogotá y distintas ciudades europeas, en ámbitos como emprendimientos, inmobiliario, incluso energías renovables, evidenciando en la esfera privada el mismo talento que antes le dio puestos de prestigio en la esfera pública, acrecentando ese impecable currículum personal.
De hecho, se desempeñó como presidente de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera, ACPE, durante su estancia en España, y anteriormente como vicecónsul de Colombia en los ´80. Fundamental fue su presencia y acciones para desatascar los problemas que tenía aquel país respecto a la venta de café, a la postre una de sus principales fuentes de financiación como se puede constatar.
Pero más allá de todo esto, lo verdaderamente valioso de su persona es que a lo largo de esos años, jamás enfrentó cargos con la justicia, ni siendo investigado, ni procesado, ni menos enjuiciado. Nunca se desarrollaron contra él procesos civiles, y eso es bastante decir para alguien que constantemente estuvo en el escarnio público, y a quien se le ha acusado de todo delito existente.
UNA FAMILIA MARCADA POR EL ASESINATO DE UNO DE SUS MIEMBROS
Heredero del ex presidente Mariano Ospina Pérez, y del congresista Mariano Ospina Hernández, Javier Ospina Baraya pertenece a una familia que ha estado comprometida con la política y las necesidades sociales desde hace un siglo, inculcándole padres a hijos el espíritu del sacrificio individual que signó su carrera, del mismo modo en el que ahora marca la de Juan Gonzalo.
Por supuesto, su historia no está ajena a la tragedia que supuso el narcotráfico en Colombia. Durante aquellos sombríos años, Javier sufrió el secuestro y asesinato de su hermano menor, Lisandro Ospina, una de las tantas víctimas de los carteles y en particular de Pablo Escobar, que decidió quitarle la vida como una amenaza, o advertencia, a una de las familias que más se manifestó en contra suyo, postura que sostuvieron con mayor firmeza en el infinito dolor. A pesar de ello la postura familiar fue firme y tanto doña Bertha Hernández de Ospina como el propio Mariano Ospina Pérez hicieron campaña a favor de que se aprobara la Ley de extradición y que los asesinos y amigos del mal dejarán de actuar con impunidad ante las dificultades de las autoridades colombianas a perseguir el narcotráfico.
UNA SOMBRA FAMILIAR UTILIZADA COMO ARMA ARROJADIZA
Las pruebas documentales no mienten, jamás ningún Ospina Baraya ha sido investigado, enjuiciado o condenado por un delito de narcotráfico. Pero como en toda familia hay resbalones. El mayor de los hermanos, Mariano, se vio implicado en un juicio en EEUU al recibir como pago en la venta de una finca en Colombia un dinero que el comprador no había declarado ante las autoridades, convirtiéndose tal venta en un fraude y por ello en un ilícito penal. Un asunto de regularización económica que nada tiene que ver con el narcotráfico, pero que sin embargo el sector afín a los enemigos del apellido han manipulado para convertirla en arma arrojadiza, aunque la ausencia de pruebas es evidente.
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