BúsquedaMéxico participa en un sistema de control migratorio global y organizado “que no puede ser sino definido como un sistema antiinmigrante”. Este sistema se caracteriza por la creación de leyes, reglamentos y procedimientos que hacen casi imposible migrar de manera regular a las personas precarizadas y racializadas, señala el “Posicionamiento sobre el contexto migratorio en México 2022”, publicado recientemente por la Universidad Iberoamericana, días antes del incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, que provocó la muerte de 39 migrantes.
Días antes de la desgracia, la institución –que cuenta con el Programa de Asuntos Migratorios, PRAMI– recordó en su análisis que el gobierno de México sostiene un discurso en el que dice estar guiado por una política migratoria que estratégicamente afronta la crisis global de migración “de manera segura, ordenada y regular”.
Por el contrario, enfatiza, “se observa una política migratoria que históricamente ha sido el fruto de negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para contener el flujo migratorio”. Un ejemplo de ello es la creación del Instituto Nacional de Migración (INM), en 1993, que se dio se dio en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio.
Desde entonces, y hasta la actualidad, señala el documento, el gobierno federal no ha hecho más que continuar y profundizar estas políticas de contención y criminalización de las personas migrantes, a través de negociaciones y acuerdos con el gobierno de Estados Unidos.
HERENCIA TRUMPISTA.
En septiembre de 2019, recuerda, la creación de la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria (CIAIMM), por decreto presidencial, generó una transferencia de facto de la gestión de la política migratoria de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que evidencia la importancia de la relación con Estados Unidos en la materia.
Y es que el gobierno de Donald Trump dejó una marca que tardará tiempo en borrar, escribe María Dolores París, investigadora, Departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef).
En su artículo “El legado de Donald Trump en la política migratoria mexicana”, publicado en enero del 2021, escribió que, ante los retos del nuevo gobierno estadunidense, era poco probable que la inmigración constituyera una prioridad. “El legado de Donald Trump sobre la política migratoria mexicana no desaparecerá a corto o mediano plazo”.
La investigadora recuerda que, en diciembre 2018, por primera vez en su historia y en violación de sus propias leyes, México aceptó recibir en su territorio a personas con procesos de inmigración y de asilo abiertos en las cortes estadounidenses.
“Esta política, conocida como “Quédate en México” y con el nombre oficial de Protocolos de Protección al Migrante, implicó la devolución forzada a la frontera norte de México de cerca de 70,000 solicitantes de asilo no mexicanos a lo largo de dos años. En términos simplificados, podemos afirmar que el territorio nacional se transformó en una gran sala de espera donde personas extranjeras particularmente vulnerables por ser susceptibles de protección internacional, fueron obligadas a asentarse durante los meses o años que dura su proceso de inmigración o de asilo en el país vecino”.
Otro cambio fundamental en la política migratoria fue la militarización del control migratorio en México con la participación de la Guardia Nacional (con atributos de policía migratoria), como respuesta inmediata a las amenazas de Trump, en mayo 2019, cuando aseguró que su país aumentaría progresivamente tarifas arancelarias a México.
“En respuesta, el gobierno mexicano realizó cambios legislativos e institucionales a una velocidad sorprendente para movilizar, en menos de un mes, a cerca de 6,000 miembros de la recién formada Guardia Nacional en la frontera sur y a otros 15,000 en la frontera norte”.
Este inercia en la política migratoria ha provocado una convulsión y una gestión contradictoria de la migración. por parte del gobierno federal, señala el posicionamiento de la Ibero. "La más grave consecuencia de esta contradicción, quizá, es la militarización y el enfoque securitario de las migraciones, que no son reconciliables con situaciones de emergencia humanitaria como las que vivimos”, agrega el documento, el cual hace seis recomendaciones gubernamentales para el manejo migratorio en el país.
DESHUMANIZACIÓN.
El PRAMI, junto con la Clínica Jurídica para las Personas Refugiadas “Alaíde Foppa” condenaron la muerte de los 39 migrantes en el centro de detención del INAM de Ciudad Juárez y denunciaron las violaciones a derechos humanos ocurridas, sello de este tipo de centros. A través de una carta, señalan que la Clínica Jurídica ha registrado patrones de hacinamiento, violencia, amenazas, condicionamiento del agua y alimentación insuficiente o en condiciones insalubres.
Respecto al incendio, señalan que criminalizar a los migrantes tiene a justificar los hechos. “Esta narrativa omite que las personas fallecieron por las condiciones de encierro que les impidieron huir del fuego y la asfixia. Refleja también la falta de protocolos y medidas de contingencia frente a las emergencias y el descuido de las autoridades por la vida humana. “El abandono de las personas detenidas evidencia el grado de deshumanización que impera en el INM (…) ¡Las estaciones migratorias no deben existir!”
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