Urge elevar “debate presidencial” en torno al cambio climático y crisis ambiental
Organizaciones de la sociedad civil, hicieron un llamado a candidatos para que eleven la ambición de sus propuestas y hagan un planteamiento integral
Medio ambiente
Estragos como los ocasionados por “Otis” provocan procesos locales de reacomodo y desplazamiento, señala Jorge Peláez.
Un tema fundamental para los gobiernos venideros será considerar los procesos locales de reacomodo y desplazamiento, además del fenómeno migratorio en México, provocados por el cambio climático, señaló Jorge Peláez Padilla, Coordinador del Centro Interdisciplinario para la Enseñanza Clínica del Derecho de la Universidad Iberoamericana.
"Si las personas ya no tienen agua, la tendencia será que se desplacen hacia lugares donde sí la tengan. Hay fenómenos naturales más agresivos, los estados tienen que construir mejor infraestructura sustentable que tome en cuenta riesgos climáticos, pues las personas lo pierden todo por esos fenómenos naturales extremos. Se requieren acciones urgentes", dijo y refirió que a partir de los miles de damnificados que dejó el huracán “Otis” en Acapulco, Guerrero, y de la sequía e incendios en varios estados, los próximos gobiernos deben considerar como tema fundamental los procesos locales de reacomodo y desplazamiento, además del fenómeno migratorio en México, generados por el cambio climático.
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Hace unos días, tras el segundo debate presidencial, organizaciones medioambientales urgieron a las candidatas (o) a “elevar” la conversación sobre la crisis climática.
En una carta firmada por organizaciones como Alianza Mexicana Contra el Fracking, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), Greenpeace México A.C. y la Organización Familia Pasta de Conchos, entre otras, se señala que, si bien existen propuestas de los candidatos en torno a la crisis climática, “siguen ausentes alternativas ambiciosas, realistas y con regulación adecuada que estén alineadas con un desarrollo justo y sustentable, así como con los compromisos internacionales de mitigación para limitar el calentamiento global a menos de 1.5°C”.
Por ello, las organizaciones firmantes hicieron un puntual llamado a incrementar la ambición de las propuestas y alinear las visiones económicas y sociales con la realidad de la emergencia climática”.
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Y es que, de acuerdo con el especialista de la Ibero, tiene que haber voluntad política sobre temas como proyectos extractivistas y megaproyectos, así como los desplazamientos ocasionados por el cambio climático, puesto que, “nos dirigimos a un escenario ambiental catastrófico”.
Ejemplificó que, aunque hubo una moratoria minera en los últimos años y no se han otorgado nuevas concesiones, hubo tantas en los años previos que entre 2000 y 2018 se generaron conflictos socioambientales que siguen sin resolverse, pues a los pobladores les impusieron proyectos sin consultarles, como oleoductos, gasoductos, refinerías o termoeléctricas.
Las organizaciones civiles apuntan por su parte que, si bien se habló de transición energética en el debate, el concepto de justicia quedó fuera de la conversación. “Desde las organizaciones hemos abogado por la necesidad de una transición energética justa y socialmente incluyente, que implica un proceso de salida de los combustibles fósiles y su sustitución por fuentes renovables que, en primer lugar, vea por el bienestar de las personas que hoy dependen directamente de las industrias fósiles y que considere una reparación de los daños provocados por este modelo”.
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LEGISLACIÓN AMBIENTAL.
El especialista en Derecho Ambiental de la Ibero acotó que un tema clave de regulación es que se necesita actualizar todas las normas oficiales del sector ambiental, pues la corrupción y la impunidad en todos los niveles de gobierno, ha permitido que las industrias sigan haciendo descargas de aguas con contaminantes, sin resarcir los daños que generan en los ecosistemas.
En ese sentido, indicó que, desde la Clínica Berta Cáceres, la IBERO da acompañamiento legal e interdisciplinario a procesos organizativos y de resistencia en comunidades de varios estados del país donde se han impuesto proyectos extractivistas. El objetivo es encontrar formas de remediación al daño ambiental que los protectos están causando en esos territorios.
“El problema ambiental no necesariamente es un tema de buenas leyes, sino de cómo garantizamos que las leyes sean eficaces sin que haya impunidad. México es el ejemplo en términos legales internacionales que lo firma y lo reconoce todo, pero luego complica las cosas y cumple lo que quiere”, refirió.
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