Denuncian represión violenta en Xochimilco contra manifestantes pacíficos

Una manifestación pacífica frente a la Alcaldía de Xochimilco terminó en violencia cuando un grupo de aproximadamente 30 operadores políticos y presuntos golpeadores enviados por la alcaldía reprimieron brutalmente a los manifestantes. Entre las víctimas se encuentran personas de la tercera edad y jóvenes, quienes fueron agredidos físicamente con palos y atacados verbalmente. 

La protesta tenía como objetivo exigir el retiro de los cargos penales contra Hortensia Telésforo, maestra y defensora comunitaria, acusada de despojo por su participación en la recuperación de un espacio público en San Gregorio Atlapulco.

Entre los manifestantes se encontraba Alejandro Velázquez, quien junto con otros compañeros fue detenido y golpeado durante el operativo. Los manifestantes y organizaciones locales responsabilizan directamente al alcalde José Carlos Acosta y a Francisco Pastrana Basurto por los actos de represión.

Exigen liberación de personas detenidas

La situación se complicó aún más con la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. De acuerdo con el organismo, efectivos de la Policía Auxiliar (PA), quienes estaban realizando funciones de seguridad y vigilancia en la explanada de la alcaldía, respondieron al incidente. La SSC aseguró que durante la confrontación, las personas involucradas adoptaron una actitud agresiva, realizando pintas en las instalaciones y desafiando a los trabajadores de la alcaldía.

También se informó que un grupo de aproximadamente 25 trabajadores adicionales llegó al lugar, lo que provocó una riña entre los manifestantes y el personal de la alcaldía. Presuntamente, los oficiales, bajo la solicitud de la Dirección de Jurídico y Gobierno de la alcaldía, intervinieron para controlar el desorden y realizaron varias detenciones. 

Como resultado, una mujer de 22 años, acusada de lesionar a un empleado del área jurídica, fue arrestada. Además, cuatro personas que intentaron evitar la detención fueron también detenidas. Estas incluyen a dos mujeres de 22 y 32 años y a dos hombres de 22 y 58 años, quienes fueron informados de su detención, se les leyó la cartilla de derechos y fueron presentados ante el Ministerio Público.

Los nombre de las personas detenidas son:

Anselma Margarita Franciasco (Comunidad Otomi)

Jorge Manuel Cancino García (Conciencia y libertad UNAM) 

Uriel García Rojas (Conciencia y libertad UNAM) 

Roberto Rodríguez Contreras (Coordinación Metropolitana) 

Penélope Estefanía Galicia Argumedo (radio Zapote)

Las detenciones fueron criticadas por los manifestantes y diversas organizaciones, que acusan a la SSC de colaborar en la represión violenta en lugar de proteger el derecho a la protesta pacífica. La comunidad y sus aliados exigieron una revisión exhaustiva de las acciones policiales y la liberación inmediata de los detenidos, quienes, según ellos, fueron arrestados arbitrariamente en un contexto de represión contra la protesta pacífica.

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Sospechan sobre legitimidad de policías 

En entrevista con La Crónica de Hoy, Alejandro Velázquez, también víctima del incidente, describió los hechos como "totalmente ilegales" y criticó la actuación de las autoridades. Explicó que, durante la manifestación, alrededor de 10 a 12 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estaban presentes, pero se retiraron cuando llegaron aproximadamente 30 personas encapuchadas y armadas con palos. 

Velázquez sospecha que los agresores no eran policías, ya que estos se alejaron mientras los civiles golpeaban a los manifestantes. 

"Es muy probable que quienes detuvieron a las personas fueron civiles que se introdujeron en patrullas", afirmó.

Alejandro también denunció la violencia sistemática por parte de la administración local, señalando que esta es la segunda acusación penal contra autoridades tradicionales de los pueblos y que han vivido estos abusos durante casi seis años bajo la administración de José Carlos Acosta. Añadió que Clara Brugada, la próxima jefa de Gobierno, debería actuar para poner fin a esta situación. 

"Tenemos seis años viviendo esto y la verdad es que Clara Brugada tendría que deshacerse de esta persona durante su administración y no dejar pasar este tipo de cosas", advirtió. 

Exigencias inmediatas de la comunidad

Los manifestantes y diversas organizaciones como el Frente Anáhuac y la Asamblea General Permanente de San Gregorio Atlapulco emitieron un conjunto de demandas claras. En primer lugar, exigen el retiro inmediato de las denuncias penales contra Hortensia Telésforo y los demás detenidos, quienes han sido criminalizados por su labor en defensa de la comunidad. Además, demandan la liberación inmediata de los detenidos, así como el castigo para los responsables de la represión violenta. 

"Responsabilizamos a las autoridades de la alcaldía por los actos de violencia cobardes que atentan contra la libertad de expresión y los derechos humanos de los habitantes de San Gregorio Atlapulco. No permitiremos que la violencia silencie la voz del pueblo", señaló uno de los líderes del Frente Anáhuac.

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Contexto de la protesta y criminalización

La manifestación surgió en apoyo a Hortensia Telésforo, acusada de despojo debido a su participación en la recuperación de la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan, un espacio que, según el decreto presidencial, pertenece al pueblo originario de Atlapulco. Este espacio, que previamente funcionaba como una biblioteca comunitaria, fue usurpado por la administración local desde diciembre de 2022, lo que ha generado una fuerte resistencia por parte de la comunidad.

La Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco denunció públicamente la criminalización de Telésforo y la constante represión hacia quienes defienden los derechos territoriales y la autonomía de su comunidad. "La defensa del territorio y la autonomía no son un crimen", declararon, subrayando la necesidad de que las autoridades respeten el derecho de los pueblos a organizarse y defender sus recursos.

Un llamado a la solidaridad

Diversas organizaciones, entre ellas la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida y el Frente por los Derechos de la Anáhuac, han lanzado un llamado urgente a la solidaridad y difusión de estos hechos. 

"Es fundamental que estas agresiones no queden en el olvido. La comunidad necesita apoyo para visibilizar estos actos de represión y criminalización", expresaron en un comunicado.

Además, subrayan la importancia de que más personas se sumen a la defensa de Hortensia Telésforo y de todos aquellos que están luchando por la protección de sus territorios. 

"Hortensia ha dedicado su vida a la defensa de nuestra comunidad a través de la educación, la cultura y el arte. No permitiremos que sea criminalizada por su trabajo en beneficio de todos nosotros", indicaron.