Bolsonaro niega responsabilidad en la revuelta golpista contra Lula
Sus representantes legales afirman que el mismo 8 de enero, el ex mandatario “repudió” los hechos. El Congreso oficializó la apertura de una comisión parlamentaria.
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Bolsonaro afuera de la sede de la Policía Federal tras dar su testimonio.
Este miércoles, durante unas dos horas de comparecencia ante la Policía, el expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, negó cualquier responsabilidad en el intento golpista del pasado 8 de enero, que pretendía derrocar al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
El líder de la ultraderecha evitó todo contacto con los periodistas que le esperaron frente a la sede de la Policía Federal, en Brasilia, pero sus representantes legales dijeron que "explicó" la situación y negó haber alentado el golpe.
Fabio Wajngarten, exministro de Información y actual asesor de Bolsonaro, aseguró que el expresidente, quien el día de la revuelta estaba en EU, "repudió" ese mismo 8 de enero la invasión de una horda de bolsonaristas a las sedes de los tres poderes de la Nación, con la clara intención de derrocar al Gobierno de Lula.
Bolsonaro niega responsabilidad en la revuelta golpista contra Lula
También rechazó que Bolsonaro haya alentado el golpe con su negativa a reconocer públicamente el triunfo de Lula en los comicios de octubre pasado o que haya incitado a sus seguidores a protestar en forma violenta contra el proceso electoral.
"Con el fin de la elección, el presidente pasó la página, no articuló nada, se recluyó y viajó el 30 de diciembre a EU", aún en su condición de mandatario, y permaneció en ese país durante tres meses, afirmó Wajngarten, quien dijo que Bolsonaro está dispuesto a presentarse nuevamente ante la Policía Federal.
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Anuncian comisión de investigación
Por su parte, el Congreso brasileño oficializó la apertura de una comisión parlamentaria para investigar la revuelta del 8 de enero.
El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, se encargó de leer la petición de apertura de la comisión, cuya instauración ha sido promovida por la oposición de derecha, la cual sostiene que el Gobierno incurrió en "omisiones" y "fallos" de seguridad, con una aparente intención de generar una "ola de solidaridad" con Lula.
Esa versión, calificada como "un disparate" por el oficialismo, ha sido defendida sobre todo por el diputado Eduardo Bolsonaro, uno de los tres hijos del exmandatario que actúa en política y que puede llegar a integrar la comisión.
Aunque el Gobierno inicialmente se opuso a la instauración de ese grupo parlamentario, por el "ruido político" que puede generar, pasó a apoyarlo la semana pasada, cuando se difundieron unos videos que llevaron a la renuncia del ministro de seguridad de la Presidencia, Marco Gonçalves Dias.
Por el intento golpista fueron detenidas 2,151 personas, de las cuales unas 300 permanecen en prisión, en tanto que el resto responderá ante los tribunales en libertad.
La Corte Suprema ya ha aceptado los cargos contra los primeros 100 acusados y esta misma semana analiza las acusaciones que han sido presentadas contra otros 200.
Bolsonaro, quien perdió los fueros el pasado 1 de enero, con la investidura de Lula, responde ante la Justicia ordinaria en una decena de procesos, acusado de abusos de poder y económicos, entre otros cargos, y también es investigado en otras causas que tramitan en el Supremo y en tribunales electorales.