El juicio por genocidio contra el general retirado Benedicto Lucas García, acusado de dirigir entre 1981 y 1982 operaciones militares en el noroeste de Guatemala, donde murieron más de 1,770 indígenas a manos de las Fuerzas Militares en el contexto del conflicto armado interno (1960-1996), comenzó este viernes en medio de la expectativa de los familiares de las víctimas tras más de 40 años de espera.

Lucas García, de 92 años, es acusado por la Fiscalía guatemalteca de ser el responsable de la muerte de 844 indígenas, ha explicado el Ministerio Público, mientras que las otras, más de 926, se atribuyen a la dictadura de Efraín Ríos Montt (1982-1983).

Como jefe del Estado Mayor del Ejército durante la dictadura militar de su hermano Fernando Romeo Lucas García (1978-1982), identificó como “el enemigo interno” a los pueblos maya Ixil de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, ubicados en la provincia de Quiché, y se ejecutaron 32 masacres en más de 20 comunidades de esta región.

“El 13% de las víctimas de este genocidio eran niños entre 0 a 3 años, fueron muertas mujeres embarazadas y ancianos desarmados por considerarlos afines a la guerrilla”, indicó este viernes la fiscal Candida Morales Santos, durante el alegato de apertura contra Lucas García, en el Tribunal de Mayor Riesgo A, situado en la capital del país centroamericano.

El juicio se inició este viernes luego de varios intentos fallidos debido a diversos recursos legales pendientes por resolver.

El acusado asistió de forma virtual a la audiencia, desde el hospital militar donde se encuentra recluido.

Han pasado 42 años desde que sucedieron estas masacres en el norte de Guatemala y el inicio del juicio en el Tribunal de Mayor Riesgo A es un evento esperado por los sobrevivientes y familiares de las personas asesinadas o desaparecidas que han testificado en busca de justicia.

Al menos 50 familias indígenas golpeadas por las masacres cometidas en estos pueblos del norte de Guatemala forman parte del proceso penal contra Lucas García por medio de la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR).

La Fiscalía anunció que durante el desarrollo del debate presentarán a 181 testigos, entre ellos sobrevivientes y familiares de las personas que fueron asesinadas durante los operativos militares.

“Los sobrevivientes vieron cómo el Ejército, que supuestamente tenía que defenderlos, quemaba sus casas y los desplazó a las montañas”, relató la fiscal Morales durante su intervención.

Además, entre las pruebas documentales contra Lucas García se encuentran 81 peritajes que dan cuenta de las exhumaciones que se realizaron en las comunidades donde fueron encontrados los restos humanos de las personas masacradas en 1981 y 1982.

En 2013, Ríos Montt fue sentenciado por genocidio del pueblo maya ixil por la continuidad de las políticas de contrainsurgencia que inició Lucas García un año atrás.

Sin embargo, la condena de 80 años impuesta contra Ríos Montt fue anulada pocos días después por la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de Guatemala, por supuestos errores de forma y tras pronunciamientos de los principales grupos económicos contra la condena.

El conflicto armado interno en Guatemala fue uno de los más sangrientos del continente y dejó al menos 240 mil personas asesinadas o desaparecidas, de acuerdo a cifras de informes divulgados por Naciones Unidas.

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