Una corte de apelaciones de Estados Unidos rechazó este miércoles la solicitud de Texas de permitir que su nueva y polémica ley migratoria SB4, que le permite al estado arrestar y deportar migrantes en la frontera y se presta para la discriminación racial, entre en vigencia mientras ese tribunal lo examina.

El fallo de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito (de mayoría conservadora) “es una victoria importante para los derechos de los inmigrantes y evitará que la ley se aplique hasta que el tribunal decida si es inconstitucional”, señaló uno de los grupos civiles demandantes, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

Este tribunal de Nueva Orleans (Luisiana) escuchará los argumentos —primordialmente sobre la exclusividad del Gobierno federal en asuntos migratorios— el próximo miércoles 3 de abril sobre si debe confirmar la orden judicial.

El fallo permite que se mantenga vigente una decisión de un tribunal inferior, que bloquea la decisión de la SB-4 de entrar en vigor mientras el caso sea litigado.

El pasado 20 de marzo, un panel de tres jueces del tribunal de apelaciones celebró una audiencia sobre este caso que tiene enfrentados al Gobierno federal con el de Texas, liderado por el republicano Greg Abbott.

El Departamento de Justicia de EU ha argumentado que la SB4 es una violación de la autoridad federal y crearía caos en la frontera, mientras que Abbott critica que el presidente Joe Biden tiene “abierta” la frontera.

“Durante casi 150 años, la Corte Suprema ha sostenido que el poder de controlar la inmigración (la entrada, admisión y expulsión de no ciudadanos) es exclusivamente un poder federal”, entre otros factores, detalló en el fallo, publicado la noche del martes, la jueza Priscilla Richman.

La decisión se produce después de días de agitación legal, durante los cuales la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que la ley entrara en vigor durante unas horas antes de que el Quinto Circuito dictaminara bloquearla temporalmente.

De entrar en vigencia la ley, las policías a nivel estatal, de condado y local estarían autorizados para detener, encarcelar y procesar a los migrantes sospechosos de ingresar de forma ilegal a Estados Unidos.

La medida convierte en delito menor el que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular, lo que conlleva una pena de hasta seis meses de cárcel.

Si el infractor es reincidente, la falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión.

La SB4 también permitiría a los jueces estatales (no los migratorios) ordenar a los migrantes que regresen a México.

Los críticos de la ley han advertido durante mucho tiempo que la implementación de la ley conduciría a la discriminación racial, separaría a las familias y dañaría a las comunidades afroamericanas y latinas en todo el estado.

Por su parte, el gobierno de México ya ha advertido que no permitirá deportaciones en su territorio procedentes de Texas, si entra en vigor la ley.

La canciller mexicana, Alicia Bárcena, celebró este miércoles que la ley SB4, que permite a autoridades de Texas detener y deportar migrantes, fuera suspendida hasta nuevo aviso por un Tribunal estadounidense.

“La ley #SB4 permanecerá suspendida hasta nuevo aviso. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos rechazó la moción de Texas e hizo referencia al amicus curiae presentado por México en protesta por la SB4”, destacó la diplomática en su cuenta de X.

Bárcena acompañó su texto con una imagen que exhibe el documento que dicta la suspensión de la norma, en el que resalta un párrafo en el que el tribunal hace referencia al escrito “amigo de la corte” (amicus curiae) presentado por el Gobierno de mexicano.

“México ya protestó la SB4 y señaló que la aplicación del estatuto frustraría los esfuerzos bilaterales, incluidas las expulsiones de no ciudadanos”, señaló el tribunal.

El amicus curiae (amigo de la corte o amigo del tribunal) es una expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión jurídica, alegatos, demanda o exhorto jurídico vinculante frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso.

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