Julian Assange, que lleva casi 14 años en cautiverio en el Reino Unido, deberá esperar varias semanas más para saber si es extraditado a Estados Unidos o puede recurrir su caso ante la Justicia inglesa, después de que el Tribunal Superior de Londres decidió aplazar su decisión y pedir garantías a Washington.

La corte tenía que pronunciarse este martes sobre si autorizaba la apelación del periodista australiano o daba luz verde a su entrega a EU, que busca enjuiciarlo por 18 delitos de espionaje e intrusión informática a través del portal que él fundó, WikiLeaks.

Sin embargo, los jueces Victoria Sharp y Adam Johnson optaron por pedir a Estados Unidos una serie de garantías antes de tomar una decisión final, por lo que el informático no será extraditado inmediatamente.

Según un extenso dictamen divulgado por escrito, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, han escuchado, al menos en parte, el clamor en defensa de la libertad de prensa y permitirán que Assange pueda recurrir ante la justicia británica su orden de extradición a Estados Unidos, si Washington no responde en tres semanas a la petición de tres garantías extraordinarias:

La primera, que el gobierno de EU garantice a Assange que pueda acogerse a la Primera Enmienda de la Constitución de ese país, relativa a la protección de la libertad de expresión.

La segunda, que Assange (de nacionalidad australiana) no se verá perjudicado en el juicio debido a que no es un ciudadano estadounidense, por lo que Londres exige que tenga las mismas protecciones como si fuera estadounidense.

Y tercero, que bajo ningún concepto se le impondrá la pena de muerte.

En caso de que los jueces no reciban tales garantías, se concederá al periodista el permiso para recurrir, pero si EU ofrece los avales requeridos, las partes tendrán la oportunidad de presentar nuevas observaciones en una vista el próximo 20 de mayo, a fin de tomar una decisión final sobre la apelación.

No obstante, los jueces desestimaron en su dictamen de hoy algunos motivos de la solicitud de apelación de la defensa de Assange, incluidos el argumento de Assange de que su caso no debe juzgarse porque forma parte de su derecho a expresar opiniones políticas.

Washington pide la entrega de Assange tras sus revelaciones de su portal, que entre los años 2010 y 2011 dio a conocer pruebas de crímenes de guerra de EU en Irak y Afganistán.

Según la defensa de Assange, esos delitos están penados con 175 años de prisión en Estados Unidos.

En medio de una gran expectación por el dictamen, los jueces tenían que considerar los argumentos presentados por las partes en dos vistas judiciales celebradas el pasado febrero a fin de decidir si apoyaban o revocaban el fallo de 2023 del juez Jonathan Swift.

Ese magistrado denegó el año pasado a Assange la posibilidad de seguir recurriendo en el Reino Unido y dio su visto bueno a la entrega de Assange a Estados Unidos.

La extradición fue firmada en junio de 2022 por la entonces ministra británica de Interior, Priti Patel.

Tras conocerse el fallo de este martes, la esposa del periodista, Stella Assange, dijo a las puertas del tribunal, ante los medios y el grupo de seguidores, que su marido es un “prisionero político”.

“Él es periodista y es perseguido porque expuso el verdadero coste de la guerra” y este caso “es una señal a todos de que si expones los intereses que impulsan la guerra, vendrán a por ti”, agregó.

Stella Assange consideró que el proceso contra su marido es “una vergüenza para cualquier país democrático” y que “Julian no debería haber estado en prisión ni un solo día”.

Por su parte, el antiguo líder del Partido Laborista británico Jeremy Corbyn dijo, ante las puertas del tribunal, sentirse “aliviado” por este paso judicial, que “no es una victoria completa porque Julian aún está preso”, aunque “aún estamos aquí luchando por él”.

Corbyn pidió a la gente salir y hacer campaña en favor de Assange en cualquier parte del mundo.

El informático fue detenido por primera vez en 2010 a petición de Suecia por un caso que ha quedado archivado. En 2012 se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres, pero fue arrestado en 2019 por la Policía británica, una vez que ese país le retiró su estatus de asilo, y desde entonces ha estado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en el sureste de la capital británica.

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