Elección de jueces por voto popular politiza el poder judicial: ex magistrada Martha Elizabeth Ibarra
La ex magistrada federal, Martha Elizabeth Ibarra alertó que la reforma al Poder judicial que se perfila, lejos de alcanzar el objetivo de democratizar el sistema de impartición de justicia, se pondrá en grave riesgo el estado de derecho en el país
riesgos
La ex magistrada advierte que la independencia judicial en México es esencial para la justicia y el mantenimiento del estado de derecho.
La elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular compromete su independencia y puede llevar a la politización del poder judicial donde los aspirantes a esos cargos se verán obligados a alinearse con partidos políticos o ideologías para asegurar su elección, lo que impactará en sus decisiones judiciales que estarán influenciadas por la política y no por una interpretación objetiva de la ley.
Así lo advirtió la ex magistrada federal, Martha Elizabeth Ibarra Navarrete, quien alertó que con esta reforma al Poder judicial que se perfila por parte de Morena y sus aliados, lejos de alcanzar el objetivo de democratizar el sistema de impartición de justicia, se pondrá en grave riesgo el estado de derecho en el país.
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“La elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular no garantiza la profesionalización, imparcialidad e independencia que deben tener los impartidores de justicia en México”, estableció
La independencia judicial en México –agregó--es esencial para la justicia y el mantenimiento del estado de derecho.
“Aunque la democratización de la elección de jueces y magistrados puede parecer una forma de aumentar la participación ciudadana, compromete la imparcialidad y calidad de la justicia y aplicación del derecho”, advirtió
Recalcó que otro de los riesgos es al ser un sistema de elecciones populares, los candidatos a jueces podrían depender de donaciones y apoyos de grupos de interés para financiar sus campañas, lo que condicionará su imparcialidad y objetividad en sus resoluciones.
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“Esto puede crear un sesgo hacia aquellos que financian sus campañas, comprometiendo su imparcialidad y objetividad en la toma de decisiones”, sostuvo
Eso sin contar que ese escenario abrirá camino a la falta de competencia, pues recordó que los jueces y magistrados deben poseer un alto grado de conocimiento y competencia en derecho, consideró la también especialista dedicada a la consultoría financiera y fiscal empresarial insistió en que
“Las elecciones populares, sin un mecanismo adecuado para evaluar estas competencias, podrían resultar en la elección de jueces sin la preparación necesaria para manejar casos complejos o sensibles”, indicó
La jurista insistió en que de concretarse esta reforma se estaría vulnerando uno de los principios fundamentales de un estado de derecho que es, precisamente, la independencia judicial.
“La neutralidad de nuestros juzgadores es esencial para que todos los ciudadanos tengan la certeza y seguridad de que cada caso será juzgado con total neutralidad y no conforme a intereses”, afirmó la jurista.
En cambio, afirmó, esos esfuerzos de mejora y de evolución deben enfocarse en proteger los derechos de los ciudadanos y en mantener la confianza pública en el sistema judicial, lo cual “es un baluarte que no puede ni debe comprometerse”.
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VULNERABLES
En este mismo contexto, la ex magistrada recalcó que con el sistema de elección que se propone, el poder judicial quedaría con una alta vulnerabilidad frente a la opinión pública pues los jueces deben tomar decisiones que, aunque impopulares, sean correctas según la ley y la justicia.
“La presión de la opinión pública en un sistema de elección popular podría llevar a los jueces a emitir fallos basados en lo que es popular, en lugar de lo que es legalmente correcto”, aseveró
Asimismo, recordó que un sistema judicial independiente contribuye a la estabilidad y predictibilidad del marco legal, lo cual es vital para el desarrollo económico y social. Inversionistas, ciudadanos y otras naciones pueden tener confianza de que en México los contratos serán respetados y los derechos protegidos, promoviendo así un entorno de plena certeza jurídica.
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