La ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ordenó abrir una investigación contra una presunta red de “delincuencia organizada institucional” (corrupción) que encabezaba el ministro en retiro Arturo Zaldívar y cuyas órdenes para sobornar o extorsionar a más de 72 jueces, magistrados y secretarios de cuenta eran ejecutadas por Carlos A. Alpízar Salazar, Édgar Manuel Bonilla y Netzaí Sandoval, extitular de la Defensoría Pública y hermano de la extitular de la Función Pública, entre otros, “con el fin de obtener beneficios personales y de terceros”, según una denuncia anónima recibida el pasado 9 de abril.

De acuerdo con esta denuncia por la que ya se abrió el expediente J/108/2024 a instancias de Piña Hernández en la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, a cargo de Hebert Torres Coello y quien le informó de los graves señalamientos contra Zaldívar Lelo de Larrea y de sus colaboradores más cercano por hechos irregulares cometidos dentro del propio CJF de 2019 a 2021, en los que también se involucra a Areli Gómez González, recientemente nombrada auditora especial de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero quien como titular de la Contraloría de la Judicatura en la época de Arturo Zaldívar encubrió al menos 10 casos de “acoso sexual, tocamientos, besos, miradas pervertidas, insinuaciones, comentarios machistas y sexuales”, además de “callar” ante situaciones en las que se obligaba a algunas mujeres a tener relaciones sexuales dentro y fuera de la oficina de Carlos Antonio Alpízar Salazar a cambio de beneficios económicos y para que las afectadas conservaran su trabajo, incluso también se humillaba a personal que pertenece a la comunidad LGBTTTI, “decía ‘putito’ o ‘jotito’.

El organigrama de la supuesta red de corrupción estaba liderada por Arturo Zaldívar, como presidente del CJF, Antonio Alpízar, que fungía como secretario general de la Presidencia de la Judicatura Federal; Édgar Manuel Bonilla del Ángel, titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, así como otros servidores públicos de este instituto.

Netzaí Sandoval Ballesteros, como director General del Instituto Federal de Defensoría Pública, quien aparte de haber incurrido presuntamente en el delito de enriquecimiento ilícito (posee un penthouse en Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón). Mandó construir un ‘roofgarden’ de lujo en una terraza, donde se organizaban eventos, había música, alcohol y mujeres hasta altas horas de la noche. Se quedaba con el presupuesto de las fiestas de fin de año y obligaba que los trabajadores pagaran las fiestas. Fue propuesto por el ejecutivo para estar en la lista para ser magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, además se le señala de presionar a defensores y asesores para que actuaran conforme a sus intereses”, según la acusación.

También se advierte que se le asignó el caso Wallace, donde ordenó que la línea que se siguiera era conseguir a costa de lo que sea la libertad de los implicados. “Exigió a María Dolores Vera que en este caso alegara actos de tortura, pero (ella) se negó. Prohibió que los defensores promovieran amparo contra la falta de atención médica en Covid, para que – dice la denuncia- no se viera “inflada” la estadística del gobierno, en otras muchas conductas irregulares.

En tanto a Alpízar Salazar se le señala de ponerse a las órdenes del exconsejero Jurídico del presidente Andrés Manuel. López Obrador, Julio Scherer Ibarra, lo que le valió obtener grandes sumas de dinero y beneficios políticos, es propietario de ranchos, terrenos, casas y autos, todas propiedades millonarias.

“Organizaba reuniones con titulares, especialmente los del Estado de México, en un rancho o restaurantes caros en la Ciudad de México, se platicaban los asuntos, específicamente los que tenían que ver con el “Altiplano”. En esas reuniones se presionaban a jueces, magistrados y secretarios de cuenta para que actuaran de determinada forma en asuntos específicos, por ejemplo acudían Hugo Hermosillo, Alberto Roldán, Tito Contreras, Gabriel Regis, Victorino Hernández Infante, José Manuel Torres, Jesús Delgadillo Padierna juez sobrino de Dolores Padierna y René Bejarano, Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Eutimio Ordóñez, Everardo Maya, Breyman Labastida, Michele Franco, Artemio Zúñiga, Abigail Ocampo, Fernando Córdova del Valle, Adrián Rivera, Iván Zeferín, Salvador Bravo, Rodrigo de Zulueta, Tanía Méndez, entre otros.

En estas denuncias se involucra como víctimas o al menor como afectados de esa red de corrupción a al menos 72 titulares jurisdiccionales. 

También se destaca que Jaime Santana Turral, al frente de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del CJN, era una de las áreas más recurrentes para orquestar la presión con sanciones o quejas contra jueces y magistrados.

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