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Cada vez que veo una propuesta de la 4T, me pasa lo mismo: coincido plenamente con el objetivo y discrepo totalmente de la implementación.
Como a muchos, me cuesta seguir su racionalidad. Ven una uña enterrada y amputan la pierna completa. Así pasó con el NAIM, las guarderías, los fideicomisos y el Seguro Popular; acusaron corrupción, mandaron todo allá donde el aire se regresa y no hay un solo detenido.
Por el contrario, si ven una pierna gangrenada, le aplican fomentos de alcanfor y chiquiadores de ruda. Así pasó con el fraude a SEGALMEX, cuyo ex director general goza de burocrático cargo.
Y bueno, la propuesta de reforma al Poder Judicial no es la excepción. Dada la posibilidad de que sea discutida en la LXVI Legislatura que inicia el 1º de septiembre, pues premítame hacerle algunos comentarios y varias preguntas.
En el Poder Judicial hay de todo, funcionarios probos y corruptos; jueces con convicción de justicia y otros que les vale. Para muestra las denuncias contra los colaboradores cercanos del ex ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.
Empecemos porque tenemos una diferencia epistemológica. El documento que hasta ahora ha circulado sobre la reforma (12/02/2024) indica que el objetivo es “una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Eso es un objetivo político para defenestrar a la ministra presidente de la Corte, Norma Piña, quien no goza de las simpatías cuatroteras; nada tiene que ver con la impartición de justicia. Si de veras desean brindarla con “eficiencia, austeridad y transparencia”, ¿por qué no incluyen a los ministerios públicos dependientes de las fiscalías? Ellos son el primer y enoooooorme dique entre la ciudadanía y la impartición de justicia.
En su segundo objetivo, indica: “Elección popular de Ministros, Magistrados y Jueces” (para alcanzar la) “legitimidad democrática de las y los impartidores de justicia”. Otra vez , la epistemología, doña Luisa María. La legitimidad de un juez no está en si yo voto o no por él, sino en que conozca la ley de cabo a rabo, que sea imparcial e incorruptible. Si usted cree que el voto popular garantiza tales condiciones, nada más vea la cantidad de gobernadores que fueron legitimados democráticamente y acabaron en la cárcel.
En cuanto a las tácticas, la propuesta indica que “en 2025 se realizará una elección extraordinaria para renovar a todos los Ministros, Jueces y Magistrados del Poder Judicial.” ¿Ya pensaron la parálisis que esto va a generar en todos los juicios? ¿Y así quieren que haya justicia expedita?
Supongo que en algún momento se estipularán los requisitos para aspirar a las mil 633 magistraturas de Circuito y jueces de Distrito, así como las comisiones de evaluación de los CV de los abogados propuestos por el presidente, los legisladores y el propio Poder Judicial. ¿Y usted cree que no habrá sesgos partidistas entre los dos primeros? ¿Quieren colocar la ideología por encima de la solidez profesional de los candidatos? ¿No le van a dar chance a la Barra Mexicana de Abogados a que proponga candidatos? Me reiría si no fuera tan dramático.
Los aspirantes harán campaña, pero no habrá dinero público ni privado para financiarlas. ¿En qué planeta se hace una campaña sin dinero? Si con una ley electoral hay tanto dinero debajo de la mesa, no me imagino cuánto habrá en la elección de jueces. ¿No creen que se la están poniendo todavía más fácil al crimen organizado?
Tengo el mayor de los respetos por mis conciudadanos, pero difícilmente distinguen entre un ministerio público y un juez. Ahora dígame, ¿bajo qué criterios cree que podrán votar por un candidato u otro?
Con otra, señora secretaria, si los debates presidenciales son difíciles de seguir, ¡imagínese un foro de abogados! El candidato “A” puede decir la aberración más grande, que la gente –yo incluido - no se percatará, pues desconoce la materia. Así que votará por el más carismático o el de mejor oratoria; como si eso sirviera para dictaminar un caso.
Permítame brincar el objetivo tres y abordemos el cuarto, el cual indica que habrá “Nuevas reglas procesales” (para brindar) “Justicia expedita y equilibrios de Poderes”. Ya ni la burla perdonan con eso del equilibrio de poderes….
Hay un punto terriblemente preocupante: “Se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad”. O sea, ¿se aplica lo decidido por el Ejecutivo o el Legislativo, aunque vaya en contra de la Constitución y/o de los legítimos derechos de la una persona física o moral? ¿A qué instancia podrá recurrir la ciiudadanía cuando el poder le pasa por encima?
Nos dejan en la indefensión, doña Luisa María. Y dicen que no son autoritarios, caray.
Si quieren combatir la corrupción y la dilación en los juicios, aboquénse a ello a través de las modificaciones al Consejo de la Judicatura (objetivo 3). Eso es lo verdaderamente relevante.
No necesitan destruir el Poder Judicial, ni derruir la poca certidumbre jurídica que tenemos.
P.D. ¿Ya vio la depreciación del peso y la opinión de Oxford Economics?
Colaboró: Upa Ruiz uparuiz@hotmail.com
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Correo: Lmendivil2010@gmail.com
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