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La semana pasada, la presidenta electa Claudia Sheinbaum tuvo que salir a calmar a los mercados financieros en dos ocasiones. La primera vez lo hizo junto con el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien confirmó su permanencia al frente de las finanzas nacionales por tiempo indefinido. Sin embargo, cuando parecía regresar la calma al ambiente financiero, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, salió a decir que las reformas constitucionales que harían posible la implementación del llamado “Plan C” se aprobarían por la nueva legislatura en el mes de septiembre de acuerdo a los deseos del presidente López Obrador.
Esto provocó que nuevamente se tambalearon los mercados y de nueva cuenta la doctora Sheinbaum compartió una conferencia telefónica con los representantes en México del poderoso fondo Black Rock y la presidenta del FMI, Kristalina Georgieva, para reafirmar la postura de lo que será su gobierno, en el sentido de apoyar a la inversión privada nacional y extranjera así como asegurar la autonomía del Banco de México. También afirmó que las reformas constitucionales tan comentadas se pondrían a discusión en un parlamento abierto antes de enviarlas como iniciativas al congreso en el mes de septiembre.
Todo parecía tranquilizarse, cuando el pasado 8 del presente mes, durante su conferencia mañanera, López Obrador le corrigió la plana a la presidenta electa y afirmó categórico que en este sexenio que concluye a fines del próximo septiembre, se aprobará la reforma al poder judicial. Poco le importó la respuesta negativa en la Bolsa Mexicana de Valores y la caída del peso frente al dólar, ya que según él, la justicia está por encima de los mercados.
Poco parece importarle al presidente el retroceso que significaría la aprobación de esa reforma para la economía mexicana. Los 36 mil 058 millones de dólares en cuanto a Inversión Extranjera Directa (IED) registrados al cierre de 2023, podrían desvanecerse por la falta de confianza, certeza jurídica y de contrapesos. Si se cae la bolsa, el peso sigue cayendo frente al dólar y los capitales de grupos y empresas extranjeras salen del país entraríamos en una etapa de inestabilidad provocando el aumento de la inflación, que como sabemos es el factor que más pega a las clases menos favorecidas.
De manera que eso de que la justicia está por encima de los mercados, es algo muy relativo, puesto que una economía descontrolada acelera las desigualdades sociales al encarecer los servicios y artículos de primera necesidad.
Las posturas atinadas de la presidenta electa, que recibirá un país con un déficit fiscal superior a 452 mil millones de pesos, estarán en jaque mientras continúe gobernando López Obrador, ya que mientras ella se ha mostrado cuidadosa respecto a la aprobación de las reformas al poder judicial, el presidente insiste en su intención de que a raja tabla prospere esa reforma y se apruebe un sistema de elección que prácticamente en ningún país del mundo existe con las características que se pretenden instaurar en México.
El parlamento abierto en un tema tan delicado sería la forma adecuada para tomar una decisión que afectará la vida de todos los mexicanos y que debe apartarse de los criterios partidistas que siempre limitan la visión más abierta y objetiva en un asunto complejo cuyas consecuencias pueden ser graves si la justicia queda en manos de políticos o ciudadanos sin la preparación necesaria para la interpretación de las leyes que nuestra constitución contempla.
@fer_martinezg
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