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Clara Brugada Molina fue la única alcaldesa exitosamente decidida a impulsar un programa contra la extorsión en territorio, promoviendo particularmente una línea de acceso a reportes anónimos y denuncias en Iztapalapa. Un empeño semejante tuvo la alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña, aunque con menor impacto y ciertamente con beneficio vecinal.
La morenista lo hizo en concordancia y acompañamiento de la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum Pardo, la entonces Jefe de Gobierno. Ella, por su parte fue la primera gobernante de la CDMX en señalar a los organismos delictivos de alta peligrosidad y en combatirlos directa y organizadamente como fue el caso al inicio de 2019 de “los colombianos” vinculados al delito de cobranza ilegítima en el llamado “gota a gota”. Si hemos de evaluar y reconocer lo realizado asumamos la aparentemente insuperable tentación de quienes están en campaña desde la oposición y necesitan omitir aquello exitoso y merecedor de extensión.
Sheinbaum y Brugada tomaron también nota y combatieron la presencia de paisanos de aquellos sudamericanos ocupados en el negocio delictivo llamado “la rapidita”, una lotería extorsiva impuesta a locatarios de la Central de Abasto en la administración de Miguel Ángel Mancera. Con la instrucción y respaldo de ambas, tanto Héctor Ulises García Nieto como Marcela Villegas, directores primero y actual de la CEDA, iniciaron y consolidaron el desplazamiento del cobro de piso prácticamente situándolo a un nivel de cero en locales interiores en 2022 y 2023 en aquel inmenso espacio. No ha desparecido la tentativa extorsiva telefónica la cual, sin embargo, se ha reducido en 90 por ciento.
Son estampas específicas de una capital nacional capaz de disminuir la extorsión registrada, en contraste con la de cifra negra, en más de 65 por ciento —bimestre 2024 contra mismo periodo de 2023—, mientras a nivel nacional el delito tiene aumentos relevantes, siendo el promedio nacional de 17 por ciento. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso aumentar las penas a extorsionadores, una alternativa ante los resultados nacionales heterogéneos frente a este delito a lo largo del sexenio, en buena parte por la enorme desigualdad en la eficacia y la actitud de los gobiernos estatales.
La propuesta de combate a la extorsión de Santiago Taboada, el segundo lugar en las encuestas para acceder a la victoria electoral este 2 de junio en CDMX, acerca de crear "un grupo especial de inteligencia para combatir la extorsión”, es un gesto publicitario electoral en la medida de la existencia, desde el 2020, de una unidad semejante, vinculada precisamente a los avances contra ese delito ya mencionados.
De una manera similar, en su equívoca enunciación Taboada sugirió colaboración con otros países para capacitación policial, omitiendo, nuevamente, la ya en operaciones Coordinación de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Pablo Vázquez, consolidada en la administración de Martí Batres.
Las extorsiones se han expandido en toda América Latina. De acuerdo con cifras oficiales, en Ecuador las denuncias crecieron 482 por ciento entre 2021 y 2023, en Perú 471 por ciento y en Colombia 301 por ciento. En México, en el mismo periodo, subieron, cierto, aunque menos del 20 por ciento. Por los reportes de todo el país al Consejo Ciudadano de la Ciudad de México sabemos que entre el 2 y el 3 por ciento de los casos están relacionados con derecho de piso; el resto son telefónicas.
Ese comportamiento heterogéneo se vincula a liderazgos apropiados y estructuras de operación eficaces con respaldo ciudadano, algo para recordarse de aquí a junio y después.
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