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En los últimos días, una serie de señalamientos, denuncias y acusaciones se han colocado al centro de la discusión política y amenazan con fragmentar diversos principios de la democracia y la división del Poder. Apenas el viernes pasado fue dado a conocer, a través de redes sociales y mensajes de WhatsApp, el inicio de una investigación en contra del ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, así como de decenas de funcionarios, jueces y magistrados del Poder Judicial Federal. El origen formal de la investigación es una denuncia anónima por presuntos actos ilegales cometidos por Zaldívar, algunos de sus ex colaboradores más cercanos y personas juzgadoras. Sin embargo, el inicio real del conflicto precede a la denuncia y tiene diversos momentos que no deben ser perdidos de vista.
Primero. La estrecha relación entre el entonces presidente de la Suprema Corte y el presidente de la República. La cercanía entre Zaldívar y López Obrador rebasó la institucionalidad y se colocó en una renuncia a la independencia judicial que caracteriza al principio de división del Poder.
Segundo. La reforma judicial de 2021 que coqueteó con la posibilidad de prolongar el mandato de Zaldívar. Si bien la reforma constitucional y legal de hace tres años fortaleció algunos aspectos de la impartición de justicia, la idea de prolongar el periodo de Arturo Zaldívar como presidente de la Corte provocó inconformidad dentro y fuera del Poder Judicial.
Tercero. La llegada de Norma Piña a la Presidencia de la Corte en contra de los pronósticos del presidente López Obrador. En diciembre de 2022, antes de que la Corte iniciara su periodo vacacional y en la antesala de la elección de quien la encabezaría a partir del 2 de enero de 2023, los momios no favorecían a Norma Piña y muchos afirmaban que la designación recaería en Yasmín Esquivel, primero, y en Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, después.
Cuarto. El desgaste de la relación entre Norma Piña y Arturo Zaldívar y la polarización del Pleno de la Corte. La tensión común entre un sucesor y su predecesor se profundizó por la enorme diferencia de criterios jurídicos, políticos y administrativos que existía entre ambos, lo cual fue llevando la relación primero al distanciamiento y después a la ruptura.
Quinto. La renuncia de Arturo Zaldívar y su incorporación a la vida política a partir de la candidatura de Claudia Sheinbaum. El hecho constituyó en sí mismo un hito en la historia del Poder Judicial, donde, si bien las preferencias políticas han estado presentes, nunca antes se había dado una renuncia para sumarse de manera tan pública a un proyecto electoral.
Sexto. Las constantes fricciones entre Andrés Manuel López Obrador y Norma Piña por los reveses judiciales sufridos por el Ejecutivo Federal. Desde la elección de Norma Piña como presidenta de la Corte, el presidente López Obrador ha marcado una línea muy clara y ha sido severo en sus señalamientos y descalificaciones a la manera en la que Piña ha dirigido al Poder Judicial, achacando a ésta prácticamente todos sus fracasos litigiosos.
Séptimo. La hiperpolitización de la impartición de justicia provocada por los constantes intentos de reformas legales y constitucionales para mermar la independencia de ese Poder. Como nunca antes en los tiempos recientes, el Poder Judicial se convirtió en el epicentro de una batalla política entre quienes han buscado debilitarla por considerarla contraria a un proyecto político y quienes han intentado mantenerla al margen de disputas de esta naturaleza.
Si bien el conflicto entre Zaldívar y Piña detona por una denuncia anónima y la investigación que se ha iniciado, el origen es mucho más añejo y cuenta con diversas causas. La profundización de la disputa habrá de darse en los próximos meses tras el anuncio de Zaldívar de llevar la pelea a la arena del juicio político. Sin importar el resultado de este pleito, al final las grandes derrotadas serán la democracia, la división del Poder y la independencia judicial. El Poder Judicial Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han convertido en botín de una disputa electoral y ello no presagia nada bueno para un Estado que presume ser Constitucional Democrático de Derecho.
Profesor y titular de la DGACO, UNAM
Twitter: @JoaquinNarro
Correo electrónico: joaquin.narro@gmail.com
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