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Guanajuato es una entidad con un gobierno fallido. El gobernador Rodríguez Vallejo es poco menos que una calamidad y puede sostenerse, por los resultados de su gobierno, que es quizá el peor mandatario que ha tenido la entidad desde que gobierna el PAN, de manera ininterrumpida, desde el año 1991.
Nunca en la historia de este país se había registrado una mortandad de la magnitud que tiene Guanajuato; ni siquiera Chihuahua había acumulado en los peores momentos de violencia tantos cadáveres como los que se han apilado en el sexenio de la administración de este des-gobernador, pues ya son más de 20 mil homicidios intencionales, es decir casi el 12% de los asesinatos que se han perpetrado en el también fallido gobierno, en lo que a seguridad pública se refiere, de López Obrador.
Guanajuato es una entidad clave para la economía del país; aporta poco más del 4% del PIB nacional, sobre todo gracias a la potente economía de exportación que se ha instalado en su territorio; no por una “gran visión” de gobierno de las administraciones panistas, sino en realidad por la estrategia económica regional de América del Norte y de la apertura y liberalización globalizada de nuestra economía.
Lo anterior es importante porque permite pensar en los otros casos de los estados ultraviolentos del país (Baja California, Chihuahua, Estado de México, Jalisco), donde hay enclaves económicos de una gran envergadura, ya sea por la planta productiva, o bien por las instalaciones estratégicas, tales como puertos y aduanas. Todo lo cual refuta en los hechos la hipótesis presidencial de que la criminalidad y la violencia están determinadas fundamentalmente por la pobreza.
En el caso de Guanajuato se suman además otros factores. Uno de ellos que podo se ha analizado en sus posibles vínculos con la presencia masiva de los grupos del crimen organizado, es la inmensa migración y la gigantesca cantidad de remesas que se reciben, las cuales superan los 4 mil millones de dólares cada año, es decir, cerca de 80 mil millones de pesos que las y los paisanos que viven fundamentalmente en los Estados Unidos de América, envían a sus familiares a los municipios de esa entidad.
Hay además otros factores, que tienen que ver con los arreglos del poder local; por ejemplo, la incomprensible decisión del actual gobernador de mantener en su cargo a los titulares de la Fiscalía Estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes fueron heredados de la administración de Miguel Márquez Márquez, y que muy probablemente sea Senador de la República.
Al respecto, destaca igualmente el anuncio de la candidata puntera a la gubernatura, quien afirmó que de llegar al cargo removerá de sus cargos a ambos personajes; y esto podría asociarse y quizá explicar, la nueva oleada de violencia que se vive en varias regiones de la entidad, pues podrían estarse dando reacomodos de los grupos delincuenciales ante la expectativa y probabilidad de cambio en esas áreas clave.
El reciente y absolutamente condenable asesinato de la candidata a la alcaldía de Celaya, es un evento más de una larga cadena de sucesos terribles que acumulan dolor y más dolor, frustración y desesperación en todo el territorio estatal; donde los epicentros de la violencia homicida se mueven rápidamente y que ahora, en el sur-sureste de la entidad, tiene a varios municipios en una situación insufrible, como es el caso de Salvatierra, donde se perpetró la masacre del mes de diciembre, en la que fueron asesinados 11 jóvenes; donde se encontró la fosa clandestina más grande del país en los últimos años y donde fue asesinado uno de los regidores en funciones, del Partido Acción Nacional.
Pero eso no es todo, los atentados se cometen todos los días; ya se registró un ataque a balazos en contra de una de las candidatas a diputada federal, por el Partido Movimiento Ciudadano; y el secuestro del suegro de la candidata a ser reelegida en la alcaldía de Moroleón, donde hace tres años, fue igualmente ultimada a balazos su madre, quien era la candidata original en ese municipio.
A pesar de todas esas calamidades, es probable que Acción Nacional retenga la gubernatura, por las pésimas decisiones de Morena en la postulación de sus candidatas y candidatos. Por ejemplo, en la capital del estado, postularon a un personaje deplorable, agresor de periodistas y quien se encuentra investigado ministerialmente por ser probablemente deudor alimentario.
La disputa local podría arrojar un triunfo contundente que podría resultar determinante de la elección presidencial, si se llegara a cerrar la contienda en las siguientes ocho semanas. En efecto, para Acción Nacional la entidad ha significado un reservorio de votos que oscilan entre el millón y el millón 300 mil votos. Para Morena, en el mejor de los escenarios, podría llegar a 750 mil, y en caso de continuar sus pugnas internas y errores garrafales en sus designaciones, en el peor escenario rondar en los 500 mil votos.
Las campañas aún comienzan y podrían ocurrir cosas que provoquen vuelcos inesperados; pero en esa tesitura, son evidentemente imposibles de prever. De ese modo, mientras la tragedia sigue y la sangre corre, el titular del Ejecutivo estatal se divierte cortando listones de inauguración de obras de infraestructura y eventos frívolos, la disputa política se mueve aceleradamente hacia niveles de violencia aún peores y que pueden conducir a una crisis de proporciones insospechadas; escenarios que nadie, en su sano juicio, puede desear.
Investigador del PUED-UNAM
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