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Paradoja en el corazón de la economía mundial: se ha incrementado rápidamente la demanda de energéticos y los precios de los combustibles fósiles se disparan (lo que nos tiene metidos en un tirón inflacionario), pero por primera vez, las megaempresas -privadas o públicas- no están en condiciones para responder a esa nueva, gran presión. Se abre así un incierto período para la estabilidad económica y política global.
Pocos, muy pocos -Saudi Aramco y Abu Dhabi National Oil Company- por ejemplo, han decidido expandir su producción. Pero nadie más. Ni Exxon, ni Royal Dutch Shell, ni Chevron y prácticamente ningua estatal en el mundo puede o se atreve.
Lo hicieron en 2014, cuando el barril de crudo rondaba los 100 dólares y la Royal, por ejemplo, invertía 30 mil millones de billetes verdes en proyectos de petróleo, gas y otros 53 mil millones más, para instalarse como el mayor productor mundial de gas natural licuado. Eso hoy, ya no puede ser ¿porqué?
The Economist responde: en los Países Bajos, un tribunal le ordenó a Royal Dutch Shell, la compañía privada de petróleo más grande del mundo, que debe recortar considerablemente las emisiones de gas de efecto invernadero de todas sus operaciones globales durante esta década. ¿Lo ven? Es la primera vez que un ente privado modifica sus prácticas empresariales para atender consideraciones directamente ligadas al cambio climático.
Y es que una inesperada mezcla de ecologistas, activistas, gestores de fondos de pensiones, grandes inversores, órganos reguladores y ahora también, tribunales, están suscitando un cambio que, en las condiciones presentes, tiene en vilo a la economía global, desde la Haya hasta Houston.
Dice The Economist: “Estamos presenciando una caída mundial en la inversión en exploración y producción de petróleo y gas, de más de 800 mil millones de dólares en 2014, a casi 400 mil millones en 2021. Mientras las empresas petroleras estatales se hallan sometidas a limitaciones presupuestarias, debido en parte a la pandemia de covid 19” (“The Energy shock”, 16 de octubre, 2021 https://econ.st/2Z17w5M).
Presenciamos un efecto en cadena: Shell tiene el dilema de reorientar su empresa para recortar petróleo y gas natural de su portafolio. Los inversionistas que tienen su dinero en tales reservas están recibiendo esta señal: “el negocio del petróleo ha sido empujado a la incertidumbre, han aumentado los riesgos”, percepción que respaldan las aseguradoras financieras de sus fondos y que afecta también a Exxon y a varias empresas del carbón en E.U.
Esto no significa el fin de la industria de los combustibles fósiles, pero si presagian acometidas legales en todas partes: este mismo año, el máximo tribunal alemán ordenó al gobierno endurecer sus metas de mitigación al cambio climático “no está haciendo lo suficiente para garantizar que las generaciones futuras estén protegidas” (ver https://tinyurl.com/53ryb34y). Los ecos de esas sentencias ya se escuchan en Australia, Nigeria o Perú, países donde operan los gigantes energéticos.
Por otro lado, el “World Energy Outlook” (13 de octubre) de la Agencia Internacional de Energía (https://tinyurl.com/kc4wr4sn) vaticina que un repunte en el consumo de combustibles fósiles este año, puede causar el segundo aumento absoluto más grande de las emisiones de dióxido de carbono. Para alcanzar una meta de emisiones “netas de energía” para 2050, la propia AIE dice que “ya no hay necesidad de invertir en nuevos proyectos de petróleo y gas después de 2021”. En cambio, pide triplicar la inversión en energía limpia para 2030.
Este es uno -sólo uno- de los telones de fondo que debe observar la discusión energética mexicana en curso. Hay otros, pero el jalón hacía las energías renovables y los litigios judiciales internacionales contra los combustibles fósiles, deberían ubicarse en el primer plano.
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