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Con sorna, pero también para subrayar su oficialismo, se dice con frecuencia que La Hora Nacional, como reza uno de sus estribillos, es auténtico lazo de unión entre los mexicanos: los domingos a las 10 de la noche los radios permanecen apagados. No siempre ha sido así. Pero aún hoy, por el solo hecho de que cuando se transmite no hay casi ninguna otra señal en los cuadrantes de la radio mexicana, La Hora Nacional es el programa con mayor rating en el país. Quienes quieran escuchar radio a esa hora, no tienen más remedio que oír La Hora Nacional.
Desde el 25 de julio de 1937, cada domingo las estaciones de todo el país se encadenan para transmitirla. Creada merced a un decreto del presidente Lázaro Cárdenas, La Hora Nacional fue concebida como instrumento de comunicación de un gobierno preocupado ante la preponderancia de contenidos mercantiles en la radio.
Por encargo de Cárdenas, Francisco J. Múgica preparó un informe que recomendaba que el Estado asumiera el control de la radiodifusión. El estatismo cardenista no llegó a tanto, pero La Hora Nacional fue un intento para amplificar la voz del gobierno. El programa era producido por Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad, DAPP, que Cárdenas creó meses antes. El encadenamiento de todas las radiodifusoras que había en México en 1937 —91 privadas y 11 del gobierno— le dio gran audiencia.
La primera emisión de La Hora Nacional comenzó con una alocución de Agustín Arroyo Ch., el poderoso titular del DAPP, quien aseguró: “nuestras informaciones contendrán lealmente la verdad y en todos los tópicos que abordemos se referirán al interés público, desde el punto de vista de la doctrina progresista en que se inspiran todos los actos de la Revolución hecha gobierno”.
Durante aquella primera Hora Nacional, intercaladas con mensajes del gobierno (entre ellos un informe de la estatización de los Ferrocarriles Nacionales) se escucharon nueve interpretaciones musicales. Algunas de ellas fueron la marcha “Cuarto Poder”, de Velino M. Preza, tocada por Banda de Policía del Distrito Federal; “Eres tú”, de Alfonso Esparza Oteo, cantada por Evangelina Magaña y “Nunca, nunca, nunca” de Tata Nacho, con la misma cantante y el autor al piano. Se calculó que ese primer programa fue escuchado por 1 millón 800 mil personas, la décima parte de la población que tenía el país.
Había un propósito de propaganda, entreverado con un afán educativo en aquellas emisiones de La Hora Nacional. Rafael López González, cuya tesis sobre la comunicación cardenista es quizá el mejor trabajo que se ha escrito sobre el DAPP (UNAM, 2002) consideró que “La Hora Nacional fue un vehículo propagandizador en busca de consensos, centro difusor de cultura, medio educativo de las masas y, en términos de cohesión nacional, correa de transmisión del sentimiento de pertenencia a un conglomerado social”.
La historia de Hora Nacional está repleta de contraluces. En ella colaboraron escritores y artistas destacados y en algunos tiempos fue una escuela de producción para toda la radio mexicana. Pero, oficialista por definición, fue languideciendo a la par que la radio, medio que hoy escucha menos de la tercera parte de los mexicanos.
La obligación de los radiodifusores privados para encadenar sus estaciones a La Hora Nacional ha sido ambigua. Después del Decreto de Cárdenas, mencionado por varios autores, ni la Ley de Radio y Televisión de 1960, ni la de Telecomunicaciones y Radiodifusión que la reemplazó hace diez años, establecen la retransmisión de ese programa. La ley indica que cada estación de radio y televisión debe ofrecer hasta 30 minutos diarios a “temas educativos, culturales y de interés social” definidos por la Secretaría de Gobernación y cuyos horarios serán acordados con los concesionarios.
Además, están los llamados tiempos fiscales, creados en 1969 por Díaz Ordaz y que han sido reducidos en 2002 por Vicente Fox y en 2020 por López Obrador. La Ley Federal, por otra parte, también dice que los concesionarios están obligados a encadenar sus estaciones “cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la Nación, a juicio de la Secretaría de Gobernación”.
La escasa notoriedad de La Hora Nacional fue interrumpida hace algunas semanas cuando se supo que sus conductores, con el pretexto de aclarar informaciones falsas, hicieron comentarios favorables a Morena y Claudia Sheinbaum. La semana pasada dos diputados del PAN demandaron, por ese motivo, la suspensión de La Hora Nacional y la intervención del INE.
El sábado pasado por la noche circuló un comunicado con el logotipo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión en donde se dice que, para no correr el riesgo de ser sancionados por difundir contenidos políticamente parciales, se recomienda a los radiodifusores privados “omitir” la transmisión de La Hora Nacional. Aunque uno de sus párrafos está escrito en primera persona, el documento no está firmado por ningún directivo de la CIRT. No se dio a conocer en las redes digitales de dicha Cámara, aunque varios medios y periodistas lo consideraron legítimo.
Si los radiodifusores privados quisieran estar a salvo de reproches, tendrían que dejar de transmitir numerosos mensajes y programas. En campañas electorales los partidos se inconforman constantemente, con razones o sin ellas, por la transmisión de contenidos que les afectan. La Hora Nacional es responsabilidad del gobierno y no tendría que haber consecuencias legales por transmitirla, aunque incluya expresiones ilegalmente favorables a un partido.
Ya que quieren respetar la ley, los radiodifusores privados podrían acatar disposiciones que no cumplen, por ejemplo, acerca de los derechos de las audiencias y la calidad de los contenidos. El repentino afán de la CIRT, o de quienes hayan puesto a circular el comunicado, está más cercano a la disputa entre el dueño de Televisión Azteca y el gobierno que al interés de las empresas de televisión y radio para cumplir sus obligaciones legales.
La Hora Nacional es obsoleta, carece de relevancia pública y no le hace falta a un Estado que cuenta con sus propios canales de radiodifusión. Debiera desaparecer, pero no a consecuencia de un desplante de empresas privadas sino como resultado de una decisión apuntalada en el interés de la sociedad.
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