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Esta semana una noticia relevante fue que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar con base en una iniciativa de reforma de las leyes de seguridad social, presentado por los diputados de Morena, Ignacio Mier e Ivonne Cisneros, con el propósito de financiar los complementos de pensión no financiados por las cuentas individuales.
La reacción del PAN fue inmediata y, en una conferencia de prensa, el diputado Romero denunció que la propuesta de reforma, que seguramente se presentará al pleno a la brevedad posible, era confiscatoria de recursos privados (sic), en atención a que el ahorro no utilizado por los trabajadores mayores de 70 años pasaría a integrar el fondo y el gobierno no esperaría 10 años de inactividad en las cuentas individuales para disponer de estos saldos.
En la mañanera del jueves 11 de abril, el presidente López Obrador, asombrosamente, aclaró con mayor precisión, que sus diputados subordinados, el sentido de la reforma propuesta, aunque, fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad para pegarles a las afores, que tienen vela en el entierro y para exagerar un poco sobre los beneficios del fondo.
¿Qué generó la confrontación tan virulenta? Un maratón de ignorancia y engaños, lo sensible del tema de pensiones y el ambiente electoral, en el que a los políticos sólo les importa ganar votos y el bienestar de social queda en un plano muy lejano. También, hay un temor fundado a que el dinero de las afores se quiera utilizar para financiar el desequilibrio presupuestal actual y el previsible para 2025. Ya se acabaron todos los ahorros de la hacienda pública y ahora sólo les queda el nuestro, lo que hemos acumulado los trabajadores en las afores en los últimos 30 años.
La ignorancia la aporta con abundancia la diputada Ivonne Cisneros, quien con un estribillo ideológico rellenándole el espacio entre las orejas, no es capaz de comprender que la reforma del IMSS (1997) y el ISSSTE (2007) ocurrió por la inexistencia de reservas para pagar las pensiones, entre otras causas. Las afores no confiscaron las reservas solidarias, como ella afirma, porque no existían. Las afores sólo administran e invierten nuestros recursos hoy ascienden a 6.2 billones de pesos (22% del PIB). Un auténtico botín para gobiernos populistas.
La idea de utilizar todo ese ahorro de los trabajadores para pagar las promesas fantasiosas de pensiones equivalentes al salario promedio de cotización del IMSS (propuesta de reforma presidencial del 5 de febrero) es lo que detonó la preocupación social. El diputado Mier, coordinador de la mayoría morenista, mencionó que con la creación del fondo aprobada garantizará una pensión de 16 a 18 mil pesos mensuales adicional a la pensión de adultos mayores. Lo cual es un evidente engaño social.
En cifras del presidente, la reforma, en caso de ser aprobada, permitirá acumular 40 mil millones de pesos. Una gota de agua en el desierto. Esta cantidad sólo equivale al aumento esperado del monto de las pensiones en curso para el año entrante. No sirve ni para financiar el aumento de la pensión mínima garantizada, ni la reducción de las semanas de cotización de la generación afore, que son aquellos que empezaron a cotizar a partir de julio de 1997. El diputado Mier engaña para obtener votos, pero no es capaz de explicar porque la reforma aprobada en comisiones no es confiscatoria, ya que no conoce la iniciativa, que es compleja técnicamente.
El diputado panista Romero no entiende o no quiere entender que la reforma no es confiscatoria. Ignora que en el gobierno de Fox los saldos de las cuentas no reclamadas del SAR 92-97 se transfirieron a la Secretaría de Hacienda para financiar programas sociales y lo mismo ocurrió en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. Técnicamente, no puede existir “saldos inactivos” en cuentas financieras. Esto es un principio contable básico.
La reforma en debate está relacionada con la integración de una reserva con recursos provenientes de diversas fuentes, una de ellas son los saldos de las cuentas individuales de trabajadores IMSS mayores de 70 o 75 si fueran del ISSSTE y establece reglas para su administración, disposición y entrega, asi como las garantías de devolución en caso de que haya un reclamo legítimo. No es confiscatoria.
Nadie pierde derechos con la iniciativa en proceso de aprobación, pero tampoco garantiza que el complemento de las pensiones otorgadas con fundamento en la Ley de IMSS reformada en 2020 será financiado y quien lo sostiene es ignorante o engaña.
Entonces, ¿por qué la urgencia de la reforma? Dos hipótesis: El ejecutivo requiere urgentemente recursos adicionales para financiar el gasto público creciente y/o está tendiendo una trampa a la oposición para que vote en contra y se muestre como contraria a los intereses de acuerdo.
¿Por qué la oposición del PAN? Porque sabe que si no llama la atención sobre cualquier reforma que afecte nuestro ahorro, un día amanecemos con 6.2 billones menos bajo el pretexto de pagar fantasías presidenciales y ganar votos y popularidad con engaños.
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