La reforma administrativa que viene.
La noticia político administrativa es el nombramiento de los titulares de las dependencias del gobierno Federal 2024-2030 y el bosquejo de la estructura de la Administración Pública Federal (APF) que se plasmará en una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), cuyos responsables son la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, el Secretario de Hacienda y Crédito Pública, Ramírez de la O, y la Secretaria de la Función Pública, Raquel Buenrostro, que seguramente será presentada y aprobada en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, antes del 30 de septiembre.
Otros anuncios importantes fue la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, toda vez que ambas requieren de una reforma legal para su existencia, y un proceso de distribución de recursos y competencias, que implican procesos de concentración y/o desconcentración del poder en la figura de la próxima presidenta. La especulación sobre la forma en que se consignaran esta nueva dependencia y entidad de la APF ya comenzó, en la medida que uno de los rasgos de ambas es su subordinación directa a la presidenta.
La designación de Raquel Buenrostro, quien fue la primera oficial mayor de la SHCP que llevó a cabo los procesos de compras consolidadas del gobierno federal y que nombró a los titulares de las unidades de administración y finanzas de las dependencias al inicio del gobierno 2018-2024, permite inferir que la supervisión de estas unidades se conservará en la SFP, conforme a la reforma del 2023 de la LOAPF.
Dos incógnitas son ¿cuál será el destino de la Agencia Federal Anticorrupción, cuya creación fue propuesta durante la campaña de Sheinbaum, que estaría adscrita directamente a la oficina de la presidencia, con facultades para investigar, perseguir y sancionar a funcionarios públicos y contratistas involucrados en casos de corrupción? ¿Esta idea se diluyó en el proyecto de la próxima administración y Javier Corral, quien la presentó en abril pasado, no será considerado en el gobierno? Ciertamente, esta agencia había generado preocupación entre los especialistas en el combate a la corrupción por la concentración de facultades en un órgano, que pudiera ser excesiva, e implicaba la desaparición de la SFP y de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. Esta última actualmente goza de autonomía constitucional.
Otra cuestión que debe resolverse en la iniciativa de reforma y adiciones a la LOAPF es el destino de la reestructura de la función pública con la creación de los órganos internos de control específicos y especializados, que está en revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por cuestiones de forma, por la aprobación trompicada del llamado viernes negro. La corrección del proceso legislativo no es complicada con la mayoría morenista en el congreso, pero la nueva secretaria deberá proponer el esquema de supervisión de la aplicación y manejo de los recursos públicos del gobierno entrante.
La iniciativa mencionada deberá determinar la naturaleza de las agencias, cuya creación se propone, que pudieran ser nuevas dependencias similares a los órganos reguladores coordinados en materia energética, pero sin autonomía, e incluir modificaciones a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, específicamente en el artículo 3, para eliminar el papel de coordinación de sector de los centros de investigación que desempeña el CONAHCYT en proceso de desaparición. Eventualmente, la guardia nacional, su adscripción y las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana serán motivo de reforma legal.
Los múltiples cambios a la estructura de la administración pública, la propuesta de órganos que concentren facultades hoy dispersas en dependencias, entidades y oficinas de la presidencia, la eliminación de autonomías administrativas y constitucionales y la creación de la categoría de “agencia”, justifican que se considere la emisión de una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que reestructure las dependencias y entidades para una mejor coordinación entre éstas y la redefinición de tramos de control y cadenas de mando, que durante el gobierno 2018-2024 se concentraron en las oficinas de la presidencia y, específicamente, en el gabinete social.
Los nombramientos de los titulares de las dependencias ocupan las ocho columnas de los diarios de circulación nacional, pero atrás de la noticia está el camino jurídico legislativo que debe recorrerse para que las propuestas de campaña y las decisiones en el periodo de transición se conviertan en una norma vigente, sin que haya apresuramientos que luego pongan en duda su legitimidad. ¿Habrá una nueva ley orgánica o se le hará otro parche más? Todo indica que, en la reforma administrativa que viene, la inercia de sólo modificar la ley imperará en este tránsito de gobierno, pero hay tiempo para convocar a un proceso más amplio y profundo. Vale.
Profesor de la Universidad Panamericana
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