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La lucha contra la corrupción será uno de los temas a abordar en el primer debate presidencial del actual proceso electoral, aunque no me hago muchas ilusiones y le cuento, doctora, y le cuento por qué.
Para nuestra desgracia, nunca nos hemos tomado en serio el combate a la corrupción, ni los gobiernos federales y estales de los distintos partidos, ni los ciudadanos en general.
Sabemos qué nos hace daño, pero no salimos a marchar ni a protestar en las calles. Vivimos con la corrupción como si tuviéramos una enorme verruga en el rostro, que tapamos con el maquillaje de las promesas incumplidas.
A principios de esta semana usted anunció su programa “Fortalecimiento de la Democracia y Gobierno Honesto”. Varias de las tácticas enunciadas ya existían pero el gobierno morenista ha echado abajo o anulado varias; por ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción ya contemplaba la “instauración de un pacto a nivel nacional para promover una administración pública eficaz” y transparente, pues suponía réplicas estatales del sistema. Con un agregado incluía la participación de la sociedad a través de su Consejo Ciudadano.
Con todo respeto, como dice su jefe, veo contradicciones en su propuesta, doctora Sheinbaum. Por un lado, usted critica la tendencia a crear nuevas instituciones (El Economista, 1/04/2024). Por otro, plantea “establecer una entidad a nivel federal encargada de combatir la corrupción”, siendo que ya existen la Fiscalía Especializada contra la Corrupción, la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Federal de Competencia y el INAI, todos ellos entes autónomos o separados del gobierno.
El organismo que usted pretende sería redundante y caería nuevamente en la autorregulación del gobierno, lo cual no funciona; nada más hay que ver los resultados de la Secretaría de la Función Pública.
Para mí que lo que hace falta es que los dictámenes, observaciones, resoluciones, etc., de los entes arriba mencionados sean tomados en serio y tengan consecuencias judiciales. No vayamos más lejos, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad destapó el fraude de SEGALMEX y fue hasta un año después que la Auditoría Superior rindió sus reportes. La Fiscalía todavía tardó otro año en judicalizar el caso en contra de unos cuantos funcionarios y hasta la fecha, el director general de ese organismo no ha sido llamado a declarar siquiera.
Los trabajos de la Auditoría Superior debieran tener mayores consecuencias en cuanto a la fiscalización que a usted le preocupa. Mire doctora, el Legislativo asigna el presupuesto al Ejecutivo y la Auditoría -dependiente del Legilsativos- se supone que revisa cómo se gastó ese dinero; sin embargo, la Cámara de Diputados no hace nada con esos reportes.
El punto ocho de su propuesta es “crear un marco normativo a nivel nacional para la investigación de actos corruptos”. No entiendo para qué, doctora, si hay una Ley de Adquisiciones muy puntillosa; existen leyes sectoriales y todas las dependencias tienen su ley orgánica que indican qué lo que sí pueden hacer, como sí pueden gastar y para qué. Son perfectibles, desde luego. El punto es que los funcionarios no les hacen caso y esa es otra historia. Mientras no haya consecuencias judiciales para los funcionarios, pues seguiremos igual.
La verdad, casi me dio un ataque de risa cuando leí el punto siete, doña Claudia, que determina “mejorar los procesos de contratación pública y hacerlos más transparentes”. Si algo ha caracterizado al gobierno morenista es la opacidad. A nivel federal y según un análisis de Mexicanos contra la Corrupción, la mitad de las contrataciones fueron adjudicaciones directas, contraviniendo la Ley de Adquisiciones.
Peor todavía, los expedientes de las megaobras están sellados y no sabemos por qué hubo un exceso tan descomunal en su ejecución. Nunca debieron catalogarse como obras de seguridad nacional, porque no lo son. Su jefe y mentor, excluyó la transparencia de su vocabulario y hasta pretendió desaparecer el INAI.
En algo sí tiene razón su propuesta, doctora: la Ley de Adquisiciones tiene tantos candados que cualquier licitación toma meses y eso afecta la eficiencia gubernamental.
Tres aspectos echo en falta en su propuesta, doctora Sheinbaum, por lo menos en la versión hasta ahora difundida.
Primero, la rendición de cuentas; “accountability”, como le dicen los gringos. Esto va más allá de la honestidad en el gasto y el seguimiento de las normas; se trata de que los funcionarios se hagan responsables de sus decisiones en la implementación de los programas. Hugo López-Gatell y la ex directora del Metro, Florencia Serranía, son dos ejemplos patéticos por las vidas que sus malas decisiones costaron. Otro caso: se gasta muchísimo en programas sociales, pero no hay indicadores de éxito y los padrones de beneficiarios tienen muchos hoyos.
Segundo, la invitación a la población porque es la otra mitad de la ecuación dentro de la corrupción. Reconozcámoslo: a este pueblo “bueno y sabio” le encantan los caminos fáciles…
Tercero, la participación de la sociedad civil organizada. Mientras MORENA la siga tratando como un enemigo y no como un aliado, no habrá transparencia ni honestidad creíbles.
Colaboró: Upa Ruiz uparuiz@hotmail.com
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