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El cáncer de mama se ha convertido en una de las principales causas de mortalidad entre las mujeres mexicanas, y el país enfrenta retos crecientes para frenar esta problemática debido a múltiples factores, como la insuficiencia de servicios de salud para el diagnóstico y tratamiento oportuno, y el desabasto de medicamentos oncológicos. Esta situación ha alcanzado una gravedad alarmante debido a la caída en la cobertura de detección oportuna, la cual ha sido documentada en el VI Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, presentado en septiembre de 2024.
De acuerdo con los datos más recientes de los tabulados de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cáncer de mama representa una de las principales causas de muerte entre mujeres mayores de 25 años en México. Durante el 2023, el INEGI registró más de 7,500 fallecimientos de mujeres por cáncer de mama, con un incremento significativo en comparación con años anteriores. Las entidades que reportaron el mayor número de defunciones fueron Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León, con tasas de mortalidad superiores a los 30 casos por cada 100,000 mujeres en la edad señalada.
Estos datos son alarmantes no solo por la cantidad de defunciones, sino por el incremento en la tasa de mortalidad en comparación con el período previo a la pandemia. Este aumento se debe, en gran medida, a la disminución de los servicios de detección y atención médica durante la crisis sanitaria, que causó un retraso generalizado en diagnósticos y tratamientos.
Asimismo, de acuerdo con el VI Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal la cobertura de mastografías para mujeres de entre 40 y 69 años cayó de un 42% en 2018 a solo el 25% en 2023. Sin detección oportuna, muchas mujeres son diagnosticadas en etapas avanzadas, cuando las opciones de tratamiento son limitadas y la probabilidad de supervivencia disminuye.
La falta de equipos de mastografía y de personal capacitado en hospitales y clínicas públicas ha contribuido a esta caída en la cobertura. La infraestructura para estudios de detección es insuficiente, especialmente en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, donde la cobertura en áreas rurales y marginadas es casi inexistente.
De igual manera, la insuficiencia de servicios médicos para el tratamiento es crítico. En México, los servicios de oncología están concentrados en grandes ciudades, como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, lo cual obliga a muchas mujeres de otros estados a realizar largos desplazamientos para recibir tratamiento, una situación que no todas pueden costear.
El desabasto de medicamentos oncológicos ha sido otro de los factores que han afectado la lucha contra el cáncer. De acuerdo con reportes de organizaciones civiles y medios de comunicación, en los últimos años ha habido una falta recurrente de medicamentos esenciales para el tratamiento, como trastuzumab y paclitaxel, que son fundamentales.
El desabasto ha obligado a muchos pacientes a interrumpir sus tratamientos, reduciendo la efectividad de la terapia y empeorando sus pronósticos de supervivencia. En varios estados, como Veracruz, Puebla y Chiapas, el desabasto es particularmente agudo.
Las desigualdades en el país son profundas y en este caso igualmente la distribución de la mortalidad por cáncer de mama en México no es uniforme. De acuerdo con los datos del INEGI, las entidades que presentan el mayor número de defunciones por esta enfermedad son Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León, las cuales concentran más del 40% de las muertes a nivel nacional.
Por otro lado, los estados con las tasas de mortalidad más altas incluyen Colima, Morelos, Campeche y Baja California. En estos estados, la tasa de mortalidad supera los 35 casos por cada 100,000 mujeres, un indicador de que el cáncer de mama se está cobrando proporcionalmente más vidas en estos lugares.
Sin duda, el cáncer de mama sigue siendo una amenaza creciente en México y su manejo enfrenta una serie de obstáculos que requieren atención urgente. La caída en la cobertura de detección oportuna es una señal de alerta que exige una reestructuración de las políticas públicas de salud para mejorar el acceso a diagnósticos tempranos y tratamientos eficaces. Asimismo, es fundamental invertir en infraestructura hospitalaria y en la formación de personal médico especializado en oncología, radiología y terapias y tratamientos de seguimiento para que el acceso a la atención no dependa del lugar de residencia o la situación económica de las pacientes.
Además, el desabasto de medicamentos oncológicos debe ser abordado con prioridad, garantizando que todas las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama tengan acceso a los fármacos necesarios para su tratamiento. Las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y el gobierno deben trabajar en conjunto para asegurar una cadena de suministro que permita la disponibilidad continua de estos medicamentos esenciales, pero ello requiere de voluntad de las instituciones públicas y dejar de estigmatizar a las personas y organizaciones que trabajan en esta agenda.
Es fundamental que las políticas de salud pública se enfoquen en garantizar la igualdad en el acceso a los servicios de detección y tratamiento para reducir las tasas de mortalidad. Invertir en la salud de las mujeres mexicanas no solo es una cuestión de justicia social, sino también una medida necesaria para fortalecer el bienestar general de la población, sobre todo si se piensa desde la perspectiva de los derechos humanos, consagrada en la Constitución, y que exigen del Estado la garantía del disfrute del máximo nivel de salud posible para la población.
Investigador del PUED-UNAM