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Las ciudadanas y ciudadanos jaliscienses protagonizaron una de las elecciones más intensamente competidas en el país durante este año 2024. Tres grandes fuerzas se presentaron en las boletas para disputar 1,520 cargos de elección popular: todas las y los munícipes, diputaciones y la gubernatura del estado. En ninguna otra parte como en Jalisco, el voto se dividió dadas las ofertas y las circunstancias políticas, y también dada la muy especial sofisticación de la ciudadanía de nuestro Estado.
Esto -y no otra cosa- es lo que explica la pluralidad resultante de la votación que se puede ilustrar con números. A nivel municipal, el territorio quedó repartido en tercios: 44 ayuntamientos fueron ganados por partidos de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco (SHHJ), incluyendo los metropolitanos de Tlaquepaque, Tonalá y Puerto Vallarta; Movimiento Ciudadano (MC) cosechó triunfos en 41 municipios, entre ellos Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco; y otros 40 serán gobernados por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco y sus partidos aliados (FCXJ)
Por primera vez en la historia estarán representados en la próxima legislatura de Jalisco ocho partidos políticos (la mayor cantidad que ha tenido nuestro Congreso local), en donde el Ejecutivo deberá hacer su gestión en medio de un pluralismo legislativo amplificado que, en conjunto, suma la mayoría de diputaciones. O dicho de otra manera: ningún partido o fuerza política en Jalisco podrá por sí misma tomar decisiones en el Congreso local. Y mientras esto ocurrió al interior del Estado, el candidato a la gubernatura de MC aventajó por casi un millón de votos jaliscienses al candidato de la misma fuerza para la presidencia de la República, en una muestra palmaria de voto dividido.
Esta composición diversa y plural como la sociedad jalisciense misma pudo asombrar o desconcertar a algunos, pero la verdad es que ha sido un rasgo distintivo de otras elecciones precedentes. Para no ir más lejos, en 2018 el triunfo del gobernador Enrique Alfaro no fue obstáculo para que las y los jaliscienses votaran mayoritariamente por el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. En aquella elección, López Obrador obtuvo 1.4 millones de votos jaliscienses y Alfaro 1.3 millones. En las elecciones de este año el comportamiento electoral en Jalisco fue muy similar: Claudia Sheinbaum cosechó 1.7 millones de votos jaliscienses y Pablo Lemus obtuvo 1.6 millones. Quiero decir, las y los jaliscienses tienen la costumbre democrática de dividir el poder.
Estas circunstancias pueden generar un espejismo que a su vez puede ser aprovechado para dispersar falsas narrativas de “fraude electoral”. Por fortuna, México cuenta con un conjunto de instituciones de justicia (tribunales especializados) que resuelven cualquier inconformidad de los actores políticos. En el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) todo, absolutamente todo, está bajo vigilancia de los partidos políticos. Si hay cuestiones polémicas o inconformidades, existe un Tribunal Electoral local que las revisa en forma y fondo. Si subsisten suspicacias, el sistema electoral ubica a una Sala Regional del Tribunal Electoral Federal revisa las determinaciones del Tribunal local, y si la molestia o la incredulidad aún perduran, existe una tercera instancia que vuelve a revisar los expedientes, las pruebas, los alegatos y emite así el fallo definitivo. Este es el curso que han seguido las impugnaciones que diversos partidos interpusieron después de los comicios en el estado.
Al cabo, ninguna elección jalisciense fue anulada. Ningún tribunal ni juez o jueza del país dio por buenas las acusaciones que señalaban un supuesto fraude, por la sencilla razón de que no existió. En cambio, el IEPC entregó miles de documentos públicos y pruebas plenas que desmontaron cada una de las acusaciones y demostraron la legalidad, la transparencia y la legitimidad de los pasados comicios jaliscienses. Pero vivimos casi cinco meses de litigio postelectoral, que desahogó más de 214 medios de impugnación, presentados por las distintas fuerzas políticas y candidaturas, contra la mayoría de las 164 elecciones organizadas por el IEPC.
Los partidos, candidatas y candidatos tienen todo el derecho y todos los atributos legales para inconformarse y poner en cuestión este o el otro tema en una elección, y eso es democrático e indiscutible, como lo es también que en Jalisco las elecciones municipales y de gubernatura superaron el más riguroso escrutinio jurídico: fueron confirmadas por todas las autoridades judiciales del país, tanto por el Tribunal Electoral local, como por la Sala Regional de Guadalajara y la Superior del Tribunal Electoral Federal, quienes desecharon, por unanimidad, los agravios planteados en los distintos juicios.
Esa es la historia cierta de las elecciones democráticas que vivimos en Jalisco. Por eso hemos sostenido que al defenderlas, el IEPC está defendiendo la integridad y honestidad de su propio trabajo; que está defendiendo el papel de miles de ciudadanas y ciudadanos que otorgaron su tiempo y esfuerzo para la vigilancia del voto de sus vecinos; que al defender la elección estamos protegiendo lo más importante: la genuina voluntad popular que fue depositada en las urnas. Y ahora, después de lo ocurrido en tres tribunales, después de desmontar una a una las falsas acusaciones de fraude, estamos demostrando que también defendimos la verdad.