La condición magisterial
El pretencioso “cambio de paradigma” educativo del gobierno actual, en rigor, no es tal; se trata, en realidad, de un cambio cosmético: una simplificación curricular y metodológica que incluye visitas esporádicas a los barrios donde se localizan la escuelas. Contra la retórica grandilocuente de algunos de sus autores, hay que reconocer que el cambio no afectó en nada las poderosas estructuras de gestión del sistema educativo: me refiero a la SEP que impone en un país impresionantemente desigual y diverso normas pedagógicas uniformes para todas las escuelas, todas las regiones, todos los estados, y todas las condiciones sociales y culturales. Esa condición, paradójicamente, es el principal obstáculo para que las escuelas y los maestros gocen efectivamente de autonomía para decidir que enseñan y como lo enseñan. Tal autonomía no existe. Finalmente, el plan de estudios 2022 de la NEM es un plan de estudios impuesto verticalmente a todas las escuelas de México; por ejemplo, nuestros maestros no tienen ninguna oportunidad formal, legal o normativa para abandonar el sistema de “proyectos” que impuso la SEP. El sistema educativo mexicano es una caja de hierro donde no existe libertad de movimientos, todo está sujeto a la autoridad superior y los maestros viven permanentemente preocupados por ajustarse a las órdenes superiores y en no entrar en conflicto con la burocracia educativa. El magisterio de México no heredó una cultura liberal sino una cultura de sumisión y obediencia, rasgos asociados al gremialismo y al control que ha ejercido durante más de 6 décadas el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sobre la profesión. Este organismo es un aparto gigantesco, monopólico, que desempeña un papel crucial en la mecánica del sistema. En el plano ideológico, el sindicato cultiva y fomenta entre sus miembros el gremialismo o corporativismo (doctrina que exagera el valor del propio grupo profesional, estimula el orgullo por él y fortalece la actitud de actuar haciendo caso omiso de los demás actores y circunstancias sociales). Esta visión particularista, me atrevo a decir, es una convicción compartida por la mayoría de los docentes, pero, adicionalmente, el SNTE es un organismo de Estado, no de partido político, una estructura que se pone al servicio de cualquier gobierno, sin importar su filiación; su función principal es el control de las conductas magisteriales y, su obsesión, conjurar conflictos y asegurar orden y estabilidad en el conjunto. No se trata de un sindicato democrático. Nunca lo ha sido. Es un sindicato vertical, autoritario, corrupto, que jamás rinde cuentas ante sus representados y cuyos líderes acumulan fortunas que ofenden la moral y generan la repulsa del público. La mecánica íntima de este enorme aparato de control es relativamente sencilla: la clave es la “afiliación obligatoria”, es decir, al adquirir un empleo en el sistema educativo, sea académico o administrativo, el trabajador comienza automáticamente a ser miembro del SNTE y, sin que él haya tomado decisión alguna, la cuota sindical le será deducida de sus cheques a partir de ese momento. Claro, este sistema está prohibido por las leyes laborales --incluso por los acuerdos del TLCAN o TEMEC), pero nunca hemos sabido de una demanda pública o alegato jurídico en contra de este mecanismo. La razón es obvia: la red escolar de educación básica es enorme y compleja, el orden político interno de esta red no es asunto baladí, es un asunto de estado, es una variable determinante para conservar la estabilidad política nacional. Desde esta perspectiva, es difícil pensar que nuestro magisterio haya recibido como herencia una cultura libertaria o democrática. El poder del SNTE es muy amplio: controla el aparato sindical, con todas sus mediaciones administrativas, en numerosos estados controla posiciones de autoridad educativa, influye poderosamente sobre las figuras de base del sistema, sobre todo sobre inspectores, directores de escuela, jefes de sector, y asistentes de diverso tipo. Se suele decir que los inspectores son un ejército de sindicalizados. Pero el corazón del poder sindical se concentra en los mecanismos de ingreso a la profesión: en este terreno la conducta del gremio es muy arbitraria, incluye extorsiones a los y las aspirantes, compra-venta de plazas, pase automático de la escuela normal al empleo, etc. El SNTE se ha opuesto con ferocidad a los sistemas que establecen concursos de oposición como medio para ingresar a la labor docente: fue el caso de la reforma educativa de 2013 que se proponía evaluar a los maestros en el ingreso y en el transcurso de su carrera para, más tarde, ofrecerles programas de actualización específicos. El SNTE guardó silencio ante eso, pero por debajo de cuerda movió todas sus palancas para sabotear la reforma, cosa que logró al inicio del gobierno de AMLO. En la actualidad, los líderes sindicales han declarado abiertamente su apoyo político al partido oficial, se oponen al control gubernamental de las plazas y movilizan a los aspirantes a la docencia para lograr “basificaciones” masivas, lo cual significa que grupos importantes de aspirantes entran al empleo sin pasar ninguna evaluación previa. En conclusión, ante estas estructuras de poder tan vastas es difícil sostener, sin morderse la lengua, que exista realmente autonomía docente o autonomía escolar en la base del sistema.