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El Asesinato de Yanqui Kothán Gómez Peralta ha traído de nuevo a flor de piel el hecho contundente y claro que ha sido evidente desde la desaparición forzada y posterior asesinato de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa: fue y sigue siendo el Estado.
La cuestión es grave, porque en este caso se sintetizan muchas de las graves cuestiones que están en torno a los numerosos fenómenos que están detrás de esos horrendos crímenes, pues en el de estos días, se habla ya incluso de una ejecución extrajudicial que tiene como remate la fuga del presunto asesino, ante los ojos y casi obvia complicidad de las autoridades locales.
Fue el Estado, porque no debe olvidarse que esa categoría engloba a mucho más que solo al gobierno. Ahí donde hay un policía uniformado que tiene la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las leyes, ahí está presente de forma histórica y concreta la presencia de la autoridad estatal y del ejercicio monopólico y legítimo de la violencia.
Sin duda, lo más relevante del caso Ayotzinapa era la localización de los cuerpos de los jóvenes desaparecidos. Pues incluso en esta administración, el exsubsecretario Alejandro Encinas afirmó que difícilmente se podía pensar que los muchachos continuaran con vida. Pero en esa misma tesitura, la promesa de hacer justicia a las familias cobra una significación mayor porque si alguien generó expectativas de que podrían encontrarse con vida fue, en bloque, el movimiento político que hoy nos gobierna.
Si la gran crisis de derechos humanos que rodea a esta dolorosa herida del México contemporáneo -la cual no termina de cerrar-, se cifra en el delito de la desaparición forzada; estamos obligados a pensar que este crimen no podría darse sin una larga cadena de eventos previos: es decir, debe haber ocupación territorial criminal, corrupción de las corporaciones policiacas, corrupción de las instituciones de procuración de justicia, y todo ello, coronado con una profunda corrupción política; más aún cuando en nuestro país no se trata de hechos aislados, sino de un fenómeno generalizado.
En ese sentido, vale decir una vez más que fue el Estado, porque no es la primera vez que los presuntos responsables, o huyen de la escena del crimen, o misteriosamente se evaden de las autoridades que ya les tienen detenidos. Todo en medio de un caso que es de los de más alta notoriedad pública, y de mayor prioridad política y propagandística del gobierno.
Si antes del asesinato del joven Yanqui Kothán las madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa habían solicitado reunirse con el Presidente, y este se había negado, ahora la situación se percibe totalmente a la inversa: si a alguien le es urgente aparecer en una imagen en medios de comunicación y en redes sociales, abrazando a esas familias, es al titular del Ejecutivo. Y por ello mismo se ve muy complicado que ello ocurra, o el costo político que tendrá que pagar y asumir sería realmente muy alto.
Una vez más “fue el Estado”; porque en la madrugada del asesinato del que se habla, los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría General de Gobierno de Guerrero, salieron a declarar a coro que se trataba de un hecho eminentemente delictivo, recurriendo a la estrategia favorita de todos los gobiernos que hemos tenido en las últimas décadas: criminalizar a las víctimas, práctica en la que el propio Ejecutivo Federal ha incurrido recurrentemente y de formas frente a las cuales es difícil no sospechar que se trata de auténticos actos de maldad.
“Fue el Estado”; porque en lugar de ordenar una actuación seria y en el marco de los causes de la legalidad y la institucionalidad, el presidente llama al presunto homicida a entregarse, como un acto casi de bondad o auto contrición. Y llama a la población a denunciarlo si lo ven, como si no se supiera en este país que la complicidad e impunidad que campea en todos lados hace prácticamente imposible que alguien arriesgue la vida para denunciar cualquier acto delictivo.
“Fue el Estado”; porque el vehículo en que viajaba Yanqui Kothán y sus acompañantes, muy probablemente fue entregado por las autoridades a los normalistas de Ayotzinapa, en los acostumbrados y reiterados actos en que incurren los gobiernos mexicanos, en todos los niveles, de cometer flagrantes y constantes violaciones a la ley, en aras de remediar ilegalidades pasadas; la transa justiciera como mecanismo de control social, al tiempo que mecanismos que permiten de alguna manera “contener” la furia de los agraviados.
“Fue el Estado”; porque no solo fue una bala policiaca la que le quitó la vida a Yanki Kothán, sino que se recurrió deliberadamente a la mentira para intentar encubrir el crimen. Es decir, no es solo que hayan dado información errónea; sino que la autoridad tuvo la deliberada intención de mentir, asumiendo que se podrían “salir con la suya” pues en la hora y lugar de los hechos no había cámaras ni registro de lo ocurrido, y muy probablemente contaban con que no habría sobrevivientes.
El Ejecutivo Federal no puede seguir dando las espalda a las víctimas; el cierre de la administración tiene el deber constitucional, pero también moral, de construir un diagnóstico serio y responsable en torno a la desaparición forzada de personas, así como un registro puntual de los errores cometidos para alertar al siguiente gobierno de las prioridades y urgencias en la materia. De otro modo seguiremos en el infierno donde no queda más que repetir como mantra: “Fue el Estado”
Investigador del PUED-UNAM
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