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El 52% de los mexicanos considera que es falso que tengamos un sistema de salud “como el de Dinamarca”. La insistencia del presidente López Obrador para repetir esa mentira ha sido un fracaso, al menos delante de la mayoría de los ciudadanos. El 33% la cree, a pesar del desastre que son los servicios de salud pública.
El 50%, por otra parte, no cree que ya no hay desabasto de medicinas. No podría creerlo, a la luz de las penurias que padecen millones de mexicanos que no encuentran los medicamentos a los que tienen derecho. La encuesta nacional de GEA-ISA levantada en marzo de este año, confirma la desazón que ocasiona la infructuosa política de salud del gobierno.
Se necesita demasiada cara dura, o padecer una grave disociación respecto de la realidad, para decir que la atención a la salud de los mexicanos es, o será en breve, como la que reciben los daneses. Tan sólo entre 2021 y 2022 el “Fondo de Salud para el Bienestar” Fonsabi, creado en 2019 y eliminado cuatro años más tarde, dejó de gastar 157 mil millones de pesos que ya tenía para la atención de gastos catastróficos, que es como se denomina a los que se hacen para atender enfermedades que requieren tratamientos costosos y/o largos, como el cáncer o el VIH-Sida. El Seguro Popular, cancelado por el gobierno actual, permitía el acceso a tratamientos costosos de millones de mexicanos que carecían de la protección de instituciones como el IMSS o el ISSSTE.
El Fonsabi regresó esos 157 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación y no hay información pública sobre el paradero de tales recursos (como comparación, en el Tren Maya se gastaron 138 mil mdp en 2023). La atención a enfermedades catastróficas, medicamentos e infraestructura hospitalaria, recibió 9 mil 408 mdp en 2020. Dos años después, ese gasto fue reducido a mil 24 millones de pesos.
En 2019, el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos era de 132 mil millones de pesos. Cuatro años más tarde, sólo contaba con 45 mil mdp. La atención al cáncer de mama recibió mil 995 mdp en 2018 y tres años más tarde, en 2021, únicamente 170 millones de pesos.
Esos datos aparecen en la extraordinaria serie de tres reportajes que la periodista Nayeli Roldán escribió, con colaboración de varias colegas suyas, para el portal Animal Político. Entre las revelaciones más lacerantes e indignantes de esa meticulosa investigación, se encuentran los datos sobre la caída en la vacunación de niños muy pequeños. Por torpezas administrativas, pero sobre todo debido al engreído afán para desmantelar mecanismos que funcionaban bien, el gobierno dejó de comprar vacunas para proteger contra sarampión, neumococo, hepatitis B, tétanos, difteria y rotavirus, entre otras enfermedades. A consecuencia de esa ineptitud histórica, entre 2019 y 2020 seis millones de bebés y niños, de hasta seis años, quedaron sin ser vacunados.
La demora en la adquisición de vacunas ni siquiera significó ahorros para las finanzas públicas. En 2019, el gobierno compró 35 millones de dosis de vacunas contra la influenza, hepatitis B, triple viral, DPT, papiloma y otras enfermedades y, por ellas, pagó 5 mil 100 millones de pesos. En 2018, el gobierno anterior había comprado 45 millones de esas mismas vacunas a un costo de 4 mil 90 mdp. Esos datos fueron obtenidos de documentos oficiales y gracias a peticiones de transparencia. La Secretaría de Salud se negó a informar acerca de la compra de vacunas en 2021 y 2022.
La entrega de medicamentos a los derechohabientes de las instituciones de salud pública siempre ha tenido defectos, pero ahora es peor que nunca. Tan sólo en 2022, esas instituciones dejaron de surtir, de manera completa, 15 millones de recetas. En 2018, que fue el último del gobierno anterior, se dejaron de surtir 3.1 millones. La ineficiencia en esa entrega de medicamentos fue, entre esos dos años, cinco veces peor.
La mayor parte de tales recetas dejaron de ser surtidas por el IMSS. En 2017, el Seguro Social les quedó mal a sus derechohabientes con un millón 777 mil recetas que no surtió total, o parcialmente. En 2018, fueron un millón 468 mil. En 2019 se triplicaron, para llegar a 5 millones. En 2020, cuando padecíamos los peores momentos de la pandemia, las recetas sin surtir de manera íntegra fueron 15.8 millones. En 2021, 22 millones. Para 2022 eran, nada más, 12.5 millones.
Los medicamentos que no fueron entregados por el IMSS en esas más de 55 millones de recetas en cuatro años del actual gobierno, tuvieron que ser pagados por los enfermos y sus familias. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (también citada por Animal Político) indica que en 2022, en comparación con 2018, los mexicanos gastaron 39% más en la compra de medicamentos. Los reportajes de Nayeli Roldán, con la colaboración en algunos segmentos de Judith Méndez, Ana Lambarri y México Evalúa, son de lectura indispensable.
Por otra parte, en el portal emeequis, los periodistas Sandra Romandía y Miguel Ángel Tepozteco han publicado que, entre 2019 y 2023, el IMSS perdió 627 millones de pesos por medicamentos que caducaron (600 millones de pesos) o que fueron robados (27 mdp).
Millones de mexicanos no han podido hacerse a tiempo estudios de laboratorio, ni han tenido acceso con oportunidad a las cirugías que requerían. Decenas de millones, tienen que sacrificar la economía familiar para comprar medicamentos. Los más afectados, son los más desamparados. La ruina de nuestro sistema de salud es resultado de la incompetencia y la miseria de un gobierno que habla de los pobres, pero no gobierna para ellos. Es muy conocida, aunque no siempre se le cita de manera completa, la frase del personaje de Hamlet que, exasperado por la corrupción en el poder político, exclama “algo huele a podrido en el estado de Dinamarca”. A esa Dinamarca de la Edad Media, doblegada por el despotismo y la descomposición, es a la que nos parecemos.
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