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Esta semana, en la Cámara de Diputados, se escenificó un sainete memorable en uno de los temas financieros más delicados para cualquier sociedad: la tranquilidad económica de las personas después de su retiro laboral, es decir, las pensiones. Todo esto, en medio de la campaña, con motivos propagandísticos muy claros y opacando las propuestas de gobierno de las candidatas y el candidato.
La responsabilidad hacendaria, especialmente la relacionada con el gasto, debe revisarse en las siete etapas: la planeación, la presupuestación, la aprobación, la programación, la ejecución, el control y la evaluación. Cada una se rige por principios, normas, facultades y reglas de operación distintos con enfoques políticos, financieros, jurídicos y técnicos diferenciados y la participación de los tres poderes y los órganos constitucionales autónomos.
Bajo el supuesto que la racionalidad del gasto es la relación de correspondencia entre medios y fines en proporción y efectos, entonces, esta se debe valor en atención a lo que se pretende en cada etapa. En la planeación, que se realiza en el momento en que un gobierno asume la dirección de la sociedad con la elaboración y aprobación del Plan Nacional del Desarrollo, lo correcto es que este documento refleje las aspiraciones de mediano y largo plazos de la mayoría política expresada en las urnas, más la participación de la ciudadanía en procesos de consulta democrática, que incorpore las distintas visiones en los diagnósticos y en la definición de las estrategias de acción y que respete la constitución, los derechos humanos y las condiciones que impone la realidad económico, social y política.
La planeación fantasiosa o excluyente es irresponsable y puede provocar el conflicto social o la deslegitimación de las instituciones. Quien prometa que todos se van a jubilar con el cien por cien de su último salario es irresponsable, quien no tome en cuenta que existe una estructura de gasto corriente, el llamado gasto irreductible, corre el riesgo de mentir a sus electores y pagar las consecuencias por hacerlo.
En la presupuestación, que es el momento en que se identifican las necesidades y se asigna los recursos con base en una disponibilidad esperable, la razonabilidad está vinculada con el espacio fiscal disponible, es decir, los recursos no comprometidos. En este proceso la estructura del presupuesto “heredada” pesa mucho y si tiene una orientación al gasto recurrente y creciente, como puede ser el destinado a las pensiones presentes y futuras, impone una carga excesiva a los jóvenes. La irresponsabilidad del gasto consiste en prometer derechos que no tienen fuente de financiamiento y reducir el espacio fiscal sistemáticamente y, con ello, eliminar la posibilidad de que haya más gasto en salud, educación y empleo para los jóvenes.
En la aprobación, que es el momento en el que la representación política, previo a un debate, determina el destino de los recursos públicos esperables, la responsabilidad hacendaria en un Estado constitucional de derecho consiste en que los recursos se asignen a necesidades reales con una visión intergeneracional y progresiva, con el propósito de generar condiciones de igualdad y libertad.
En la programación, que es la etapa en la que se relaciona el recurso financiero con los objetivos, metas, acciones y resultados esperados de la acción de una entidad pública y la racionalidad es que cada peso quede vinculado con un propósito, un grupo poblacional, una actividad, un sector y una región y que haya congruencia entre la asignación del recursos y las acciones relacionadas.
En la ejecución la responsabilidad es que el dinero disponible se destine al fin determinado en el presupuesto, se respete la normatividad, se gaste bajo los principios de austeridad, eficacia, eficiencia y economía, asi como se evite el subejercicio, las desviaciones o los excesos.
En el control, que puede ser interno o externo y administrativo, legislativo o judicial, lo correcto es que se haga una identificación exhaustiva de los riesgos en el que puede incurrir el ejecutor del gasto y se adopten los modelos de supervisión del gasto, que generen la certeza que el dinero público se utilizó de la mejor manera, se establezcan mecanismos eficientes de prevención de desviaciones y, en su caso, se proceda a la sancionarlas.
En la evaluación, la razonabilidad consiste en que el buen gasto sea más que un cumplimiento de las normas presupuestales y impacte efectivamente en las condiciones de vida de la sociedad. Es irresponsable el gasto que sólo beneficia a un grupo en perjuicio del resto y los rezagos son regionales, sectoriales o generacionales, como sucede en el sistema pensionario.
El sainete relacionado con la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar refleja la irresponsabilidad política de prometer lo incumplible y la irracionalidad de ofrecer cubrir el monto de las pensiones complementarias con una cantidad, 40 mi millones de pesos, que ni siquiera es suficiente para financiar el aumento previsto del año próximo en este rubro. La responsabilidad hacendaria en materia de pensiones empieza por elaborar y difundir oportunamente estudios actuariales que demuestren la viabilidad de ampliar los derechos pensionarios.
Investigador del Instituto Mexicano de Estudios
Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales
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