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Vaya desaseo policial y político con el cual se ha manejado la muerte del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta. Un error se siguió a otro, como si en Guerrero no hubiera suficientes problemas.
La semana pasada, el gobierno estatal y el presidente se contradijeron. La versión del secretario de Gobierno de Guerrero, Ludwig Marcial Reynoso, fue que el estudiante conducía una camioneta con reporte de robo; él y su compañero supuestamente iban drogados. Cuando los policías estatales les marcaron el alto, Yanqui no se detuvo e, incluso, les disparó. Al repeler la agresión, los policías lo matan.
La versión de Palacio Nacional fue que el joven no iba armado, por lo cual se trataría de una ejecución extrajudicial. No tengo elementos para dar por buena una u otra versión; lo que sí sé es que lo último que desea el presidente es otro punto conflictivo con Ayotzinapa.
Ni la Fiscalía estatal, ni la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a los tres policías involucrados, ¡ni siquiera para tomar su declaración! y el presunto responsable huyó. Como respuesta, los normalistas vandalizaron las instalaciones de la Fiscalía, quemaron 11 vehículos, lesionaron a cuatro policías y retuvieron a 14 guardias nacionales. ¿Algún detenido? Ninguno.
Por su parte, la Fiscalía General de la República se llevó un buen susto cuando desparecieron por horas los dos peritos que envió a a Chilpancingo para encargarse del caso; les robaron el vehículo, estando ya en territorio de Guerrero. Ya no hay ningún respeto, caray…
Por vía de mientras, las oficinas gubernamentales y la de la mandataria Evelyn Salgado fueron rodeadas con vallas metálicas y estructuras de concreto, al igual que las calles de acceso, con lo cual se afectan los comercios y el paso del transporte público.
Estos hechos no son una singularidad en Guerrero. Es un incidente más en la constante ingobernabilidad de la entidad; cuando no son los activistas sociales de corte anómico, es el crimen organizado. Es más, se encuentran más activos en estos tiempos electorales, pues han sido asesinados cuatro aspirantes a puestos de elección popular, siendo el más reciente Tomás Álvarez Patrón (MORENA).
Lo anterior llevó al senador Julem Rentería (PAN) a solicitar la desaparición de poderes en el estado. No la tuvo fácil. Insultos y bajezas se profirieron en el Senado el miércoles pasado, cuando los legisladores iban a discutir la propuesta. Por su parte, Félix Salgado Macedonio (MORENA), senador y padre de la mandataria, amenazó: “No se atrevan, porque no conocen a los guerrerenses, ahí la patria es primero.” Sí conocemos cómo se las gastan los guerrerenses, pero no vemos la relación con la Patria.
A favor de su hija, Salgado expresó que “Guerrero tiene gobernadora, y da la cara, resuelve, es justa y humanista, no tienen posibilidad (de desaparecer los poderes), pero como son elecciones solo quieren fastidiar.” Mmmhh…
Doña Evelyn suele no dar la cara; la entidad ya lo vivió cuando el huracán Otis llegó a sus costas. Tampoco resuelve y los datos oficiales lo demuestran: en 2016, Guerrero contabilizaba 100 homicidios por cada 100 mil habitantes; hace un año llegó a 110, siendo Acapulco la segunda ciudad más violenta del mundo. Entre los muertos hay de todo, desde choferes, empresarios, periodistas y hasta los parientes de la gobernadora.
Hasta 2020 se tenía registro de 16 bandas del CO; actualmente se cuentan 22 y muy activas. Recordemos que, hace unas semanas, prelados católicos intentaron conciliar entre los malandros, sin mucho éxito.
También sin mucho éxito opera la Guardia Nacional en la entidad, pues la extorsión a las actividades productivas continúan como si nada. La semana pasada corrió en redes sociales el video de un chofer siendo golpeado por malandro y lo increíble es que el fulano está identificado, incluida su trayectoria criminal: Luis Mejía Rodríguez, (a) “El pizaburras”, perteneciente a la banda de Los Rodríguez (Reforma, 14/03/2024) y nada indica que haya sido detenido. Hasta ayer, el transporte público nuevamente estaba suspendido en Acapulco en protesta por el asesinato de otro chofer.
Por lo pronto, el gobierno de Guerrero descabeza tres dependencias clave. La gobernadora “aceptó las renuncias” de Ludwig Marcial Reynoso y Rolando Solano Rivera, secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, respectivamente. También fue destituida la fiscal estatal, Sandra Luz Valdovinos. ¿Los cambios resolverán la ineficacia gubernamental? Lo dudo.
En cuanto a la desaparición de poderes, el tema se volverá a discutir el próximo miércoles. ¿Prosperará el asunto? Lo dudo. ¿Resolvería el problema de ingobernabilidad de Guerrero? Lo dudo.
En Guerrero la única certeza es que nada funciona desde 2005 a la fecha.
Colaboró: Upa Ruiz uparuiz@hotmail.com
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