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A escasos seis días para la realización de las elecciones presidenciales más competitivas, polarizadas y violatorias de la legislación electoral de que se tenga memoria, hago un firme llamado a mis conciudadanos para que asistamos a las urnas el próximo domingo para manifestar masivamente nuestra voluntad política soberana. Esto bajo el principio fundamental básico del orden democrático según el cual, la política no puede ser sacerdocio exclusivo de los políticos de profesión y que tampoco se agota con el ejercicio de votar el día de la jornada electoral. La ciudadanía plena nos exige participar.
El derecho al sufragio permite a una persona concurrir a la elección de representantes o a la adopción de decisiones políticas relevantes. Desde la perspectiva técnico-jurídica esta sería la vertiente activa del sufragio, es decir, el derecho al voto o a ser elector que se complementa con otra dimensión pasiva, referida a la condición de elegible y ser candidato en unas elecciones. El sufragio se ha utilizado en muchas formas de organización política, algunas muy antiguas. Como en la Polis griega o en la República romana donde -mediante el voto de los ciudadanos- se elegían las magistraturas públicas y se tomaban las decisiones políticas.
Sin embargo, la forma moderna del sufragio se desarrolla con la Revolución francesa de 1789 bajo dos preguntas cardinales: ¿cuáles deben ser los límites de la intervención política de los ciudadanos?, y ¿cuál debe ser la composición del cuerpo electoral? Al trasladar a la Nación la fuente de la Soberanía, que hasta entonces ostentaba el Rey en virtud de un principio exterior a la sociedad, la Revolución coloca al sufragio en el centro del nuevo orden político como medio necesario de institución y legitimación de la autoridad pública. Desde entonces, el sufragio es un atributo de la ciudadanía, al quedar definida ésta por la igualdad individual en clara ruptura con las representaciones orgánicas de la sociedad feudal.
La igualdad de los votos, la regla mayoritaria y el escrutinio secreto, expresan el consentimiento de los ciudadanos a la autoridad que posteriormente se ejercerá sobre ellos. El sufragio lleva a cabo la separación de lo político y lo social, anulando la diversidad en un cuerpo unificado e impidiendo toda identificación entre el poder y una determinada categoría social. Los que votan no son personas reales, socialmente identificables, sino ciudadanos abstractos cuya autonomía y equivalencia quedan jurídicamente definidas. El sufragio es generador de consenso
pues el poder ha sido instituido por todos, “inmediatamente o por los representantes”, y constituye una garantía de pacificación de la vida política.
Para comprender el lugar estratégico del sufragio, hay que considerar varios factores, entre los que destaca el principio representativo que deja de lado el ejercicio inmediato de la soberanía popular, preferible sin duda desde un punto de vista ideal, pero irrealizable salvo en pequeñas sociedades donde las necesidades e intereses permiten que los individuos estén “disponibles en su totalidad para la cosa pública”. En un gran Estado social y económicamente complejo, en una sociedad que se basa en la igualdad de derechos y no en la esclavitud, es conveniente establecer una representación para solucionar problemas comunes.
La voluntad general no es la suma de las voluntades individuales. Éstas entran en su formación sólo por aquello que tienen en común con exclusión del interés privado. La representación tiene como finalidad realizar, por medio de la deliberación, el trabajo de formación de la voluntad general. Es el sistema representativo el que confiere su importancia al sufragio, porque gracias a él los ciudadanos intervienen en la formación de esa voluntad designando a quienes actuarán en nombre de la Nación. De aquí la importancia de votar copiosamente en estas elecciones que impactarán nuestro futuro inmediato
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