Las reformas constitucionales van
Ayer, primero de agosto, la candidata ganadora de las elecciones presidenciales, nombró como titular de una de las futuras oficinas de la presidencia, la coordinación general de política y gobierno, al ministro en retiro, Arturo Zaldívar, con el propósito de darle seguimiento a las 18 reformas constitucionales en curso y las que se presenten en los próximos meses. Este es un mensaje claro: los proyectos presentados por el presidente López Obrador se deben aprobar sin que se modifique una coma, especialmente, el que desaparece la Suprema Corte de Justicia de la Nación y propone la elección de todos los juzgadores federales.
El paquete de reformas se divide en dos tipos: aquellos que constitucionalizan derechos sociales programáticos, es decir, cuyo cumplimiento efectivo requiere la disponibilidad de recursos presupuestales y los que reconcentran el poder del Estado en el Poder Ejecutivo. Ambos, hay que señalarlo, son consecuencia de los resultados electorales, ya que es evidente que el triunfo de Morena y sus aliados fue en gran medida por la ejecución de programas sociales (2 billones de pesos de gasto electoral) y los votantes decidieron no distribuir el poder en dos grupos, otorgaron la presidencia y la mayoría del Congreso de la Unión al partido oficial y sus aliados.
La Cámara de Diputados clausuró su periodo ordinario de sesiones.
El primer paquete de reformas relacionadas con el aumento de derechos en materia de la vivienda de los trabajadores, un sistema de salud universal, una garantía de montos mínimos de pensiones, la protección al poder adquisitivo del salario, las remuneraciones mínimas a policías y maestros, la personalidad jurídica y patrimonio de los pueblos indígenas y afroamericanos, el reconocimiento de programas sociales, medidas de protección del medio ambiente, la garantía del uso doméstico del agua, la protección a la salud y a los animales, asi como las políticas de austeridad y tope a los salarios de los servidores públicos.
El segundo con la concentración de la toma de decisiones en el Poder Ejecutivo se integra por la reforma judicial, la adscripción de la guardia nacional a la Secretaría de Defensa, la eliminación de la representación proporcional, la reducción de diputados y senadores, la transformación del INE, la desaparición de los órganos públicos locales electorales y los tribunales electorales estatales, la reducción del financiamiento a los partidos, asi como la simplificación orgánica consistente en la desaparición cuatro órganos constitucionales autónomos, los órganos reguladores coordinados en materia energética, un organismos público descentralizado no sectorizado y un sistema nacional.
El primer paquete será aprobado por los partidos oficialistas y la oposición, pero implica un gasto público significativo y creciente y un esfuerzo económico no financiado por la productividad, que teóricamente requiere una profunda reorientación de la política fiscal tributaria y una reorganización de las contribuciones. Sin embargo, el mensaje del gobierno entrante ha sido que no habrá aumento de impuestos para cubrir las presiones al presupuesto en constante aumento.
El segundo paquete será aprobado con la mayoría calificada proveniente de la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores con la mayoría oficialista y alguno que otro anexado de MC o el PRI, lo que nos regresará al presidencialismo de los años setenta del siglo XX, con lo que se reduce la “incertidumbre” del debate democrático y las “dificultades” de la política de los consensos. La exposición de motivos de las iniciativas y los dictámenes no ocultan las intenciones de concentrar en la Administración Pública Centralizada, jerarquizada al Poder Ejecutivo, la toma de decisiones y excluir de las mismas a otros actores políticos y económicos. La desintegración de la SCJN es un vital para reestablecer el presidencialismo sin contrapeso alguno.
Hay que destacar que el ahorro presupuestal de la reforma de la simplificación orgánica será, según el dictamen del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, de 84 millones de pesos, es decir, nada significativo para el financiamiento de los programas sociales. No hay mayor ahorro estimado debido a que las atribuciones se mantienen relocalizadas en dependencias del gobierno federal, absorbidas, dice el dictamen, reconstituyéndose la división de poderes tradicionales y eliminándose la innovación mexicana de la existencia de órganos constitucionales autónomos en plano de igualdad con aquellos, que ningún país de Iberoamérica había recogido en sus constituciones.
La simplificación orgánica y las reformas a los poderes judiciales y legislativo, así como la transformación del INE, según los dictámenes, no son un retroceso al pasado, ni van en contra del TMEC, sino es una recuperación del gobierno frente a los mandatos del mercado. Será o no, eso es una cuestión opinable, pero lo cierto es que nada se moverá en el país si no se traza la línea desde Palacio Nacional. Las reformas constitucionales van.
Profesor de la Universidad Panamericana
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