Frente Anáhuac denuncia retrocesos en nueva Ley Ambiental que se votará
El Fente hizo un llamado a los diputados del Congreso CDMX para rechazar la "Ley Batres" y abrir la discusión antes de aprobar una nueva ley que podría afectar a todos
Congreso CDMX
El Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac (FDDPBOCA) expresó su oposición a la nueva Ley Ambiental, conocida como Ley Batres, que está programada para votación en el Congreso de la Ciudad de México.
Martí Batres, actual jefe del Gobierno capitalino presentó esta iniciativa de nueva Ley Ambiental el pasado 15 de marzo, y la propuesta llegó al Congreso de la Ciudad de México el 20 de marzo. Tras su aprobación en comisiones el 11 de junio, la ley podría ser aprobada por el pleno del Congreso mañana.
">En la Iniciativa de la Nueva Ley Ambiental de la Ciudad de México, se establece la no privatización del servicio de agua potable, para mantener el libre acceso a este vital recurso.
— Martí Batres (@martibatres) March 16, 2024
Además, se incorporan estrategias de conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, como la… pic.twitter.com/3G7VcTSrNU
Ante esta posibilidad, el Frente Anáhuac señaló lo que calificó como "retrocesos significativos y problemáticas" que surgen de esta ley. Uno de estos puntos es la privatización y explotación de espacios naturales protegidos. Se indica que el capítulo de "actos administrativos traducidos en permisos" permite que estos espacios sean utilizados para fines económicos, un término que la ley especifica como "económicos", asignados a la Secretaría de Medio Ambiente.
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Modificación del suelo de conservación
También se aborda que el artículo 96 de la nueva ley abre la posibilidad de flexibilizar los criterios para modificar o intervenir el suelo de conservación. Además, se acusa que la ley elimina el Programa de Ordenamiento Ecológico como instrumento de política ambiental en la ciudad, y borra la prohibición de reducir el suelo de conservación, permitiendo incluso la tala de árboles en estas áreas.
Eliminación de la normativa de protección de la tierra
El Frente Anáhuac destaca que la ley borra por completo la normativa que protege a la Tierra. "La legislación vigente representa un avance hacia la protección de los derechos de la naturaleza, reconocidos en la Constitución de la Ciudad de México, que obliga a generar una ley que reconozca a la naturaleza como un ente colectivo de derechos. La eliminación de estos derechos representa un grave retroceso en la protección medioambiental".
Simulación de consultas vecinales
Los organización vecinal también denuncia la legalización de la simulación del proceso de consulta vecinal para grandes construcciones. Según se indica, la nueva ley convierte este proceso en la realización de estudios de impacto social, que son encuestas de opinión disfrazadas de consultas reales. Supuestamente, esto pretende sustituir el proceso de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, reconocido a los pueblos y barrios originarios.
Consejo asesor sin inclusión de pueblos y barrios
Además, se expuso que la ley propone la existencia de un Consejo Asesor, pero no incluye la obligación de integrar a los pueblos y barrios originarios, lo que es una omisión importante, considerando que se trata de una ley que afecta directamente sus territorios.
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Prohibición de la privatización del agua: Medida demagógica
En cuanto a la "prohibición de la privatización del agua", el Frente del Anáhuac califica esta medida de demagógica por tres razones:
1. Competencia del Gobierno: El gobierno de la Ciudad de México no tiene la competencia para prohibir la privatización del agua, ya que esta es propiedad de la nación según la Constitución federal. Una medida de este tipo debería implementarse a través de la Constitución federal o mediante una nueva Ley General de Aguas.
2. Medidas Existentes: La Constitución de la Ciudad de México ya prohíbe la privatización de los servicios de agua potable y drenaje.
3. Acceso al Agua por Desarrolladores: En la Ciudad de México, los grandes desarrolladores acceden al agua a través de la red pública, una vez que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México les otorga el dictamen de factibilidad hidráulica. Cualquier restricción en el uso del agua por parte de privados debería enfocarse en limitar al sector inmobiliario, no en crear normas que carecen de efectos prácticos.
El Frente sugiere que el gobierno aclare su definición de "privatización".
"Si Batres se refiere a la transferencia de la propiedad pública a la privada, entonces debería cancelarse todas las concesiones vigentes en la ciudad y prohibirse la mercantilización del agua a través de empresas transnacionales que embotellan el agua".
Llamado a consultar a pueblos y barrios originarios
El Frente enfatizó la necesidad de evitar conflictos mediante la imposición de leyes sin consulta previa a los pueblos y barrios originarios, ejidos y comunidades. Por ello, hizo un llamado a los diputados del Congreso de la Ciudad de México para rechazar la Ley Batres y abrir la discusión antes de aprobar una nueva ley que podría afectar a todos.
"Convocamos a los pueblos, barrios y ciudadanía en general a conocer el contenido de la Ley Batres y a no permitir que la nueva norma afecte más el suelo de conservación," se urge.
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