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Infructuosos resultaron los alegatos de César de Castro, abogado del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, quien argumentó como tema central que su cliente era un perseguido político de la actual administración federal en México, y que requería más tiempo para recabar pruebas de sus dichos, por lo cual había solicitado un nuevo juicio, lo que fue rechazado por el juez Brian Cogan, del Tribunal federal del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York, que lleva el caso, y quien se limitó a confirmar que la sentencia contra el extitular de la Policía Federal queda sin cambios para el próximo 9 de octubre.
"Ninguno de estos alegatos son suficientes para un nuevo juicio, por lo que se niega la moción al acusado", escribió el juez Brian Cogan en un documento judicial presentado el martes.
El equipo de abogados del extitular de la SSP había solicitado un nuevo juicio al argumentar que su cliente era un perseguido político y que necesitaba más tiempo para preparar el caso y recabar evidencias de sus argumentos.
Genaro García Luna fue declarado culpable de cinco cargos entre los que figuran haber participado en la dirección de una empresa criminal (el Cártel de Sinaloa); conspiración para la distribución de 5 kilogramos o más de cocaína; conspiración para la distribución y posesión de 5 kilogramos o más de cocaína con la intención de distribuirla en Estados Unidos y conspiración para la importación de la misma cantidad o más; en este último cargo se le señala de haber prestado falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad estadounidense.
El exsecretario de Seguridad Pública federal durante la administración del expresidente Felipe Calderón podría enfrentar una pena mínima de 20 años de cárcel o una sentencia máxima de cadena perpetua.
Genaro García Luna fue una pieza clave en el ámbito de la seguridad pública entre las administraciones de los exmandatarios panistas Vicente Fox (2000 al 2006) y Felipe Calderón (2006 al 2012, tiempo en el que dirigió la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), cuyo objetivo era combatir a grupos del crimen organizado.
El exsecretario de seguridad radicaba desde el 2012 con su familia en la ciudad de Miami, Florida. Fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, acusado de vínculos con el Cártel de Sinaloa y su juicio comenzó en enero del 2023, y ahora en octubre del 2024 está en la antesala de conocer si pasará a o no su vida en prisión.
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