Búsqueda
Muy mal le cayó al presidente el Informe de Derechos Humanos 2023 preparado por el Departamento de Estado de EUA, donde México no la libra.
Puede uno estar de acuerdo o no con que EUA haga el recuento de los DDHH en 200 países. Lo cierto es que haga quien haga análisis, el resultado sobre México siempre es el mismo.
En este espacio me he referido constantemente sobre cómo son ignorados en nuestro país el derecho a la salud y la educación, así que ahora abordaré otros derechos humanos.
Para evitar injerencias extranjeras “indeseables”, como las del Balance Humanitario de la Cruz Roja Internacional, el Índice de Paz del IEP o Insight Crime, me basaré en datos oficiales mexicanos para resaltar algunos de los derechos que en nuestro país ni de broma se respetan. Los DDHH que aquí trato son los consignados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Empecemos con el Derecho a la Ciudadanía y que se resume en que todos los mexicanos tenemos derecho a votar y ser votado por el resto de los ciudadanos, habiendo cumplimentado los requisitos.
El año pasado, los casos de violencia política se incrementaron 400 por ciento (Data Cívica). En este año y hasta el día de ayer, 501 aspirantes y políticos ya perdieron su Derecho a la Ciudadanía, porque murieron bajo las balas; 31 por ciento más que en los pasados comicios federales y todavía no llegamos al 2 de junio.
¿Cuándo habíamos visto que tantos candidatos solicitaran seguridad para hacer campaña? Al día de ayer, eran 501 aspirantes, 31 por ciento más que en 2021. No es de extrañar que el reporte de Integralia Consultores indique que seis entidades presentan un muy alto riesgo de violencia política y otros nueve están en riesgo; de estos 15 estados, 12 son gobernados por MORENA.
Ahora pasemos al Derecho a la Libertad de Tránsito. Casi a diario llegan reclamos de gente que no puede trasladarse de un poblado a otro debido a los retenes del crimen organizado (CO); o no los dejan pasar o los matan, lo mismo en el norte que en el sur.
El Derecho a la Libertad de Residencia también es constantemente vulnerado. Vaya este ejemplo: hace tres días, colectivos de búsqueda recorrieron el poblado de Piquito, Sonora, para encontrarlo absolutamente desierto, pues el CO expulsó a las mujeres y se llevó a los hombres. ¿A dónde? Quién sabe. Ojalá fuese un caso aislado, pero no lo es: michoacanos, zacatecanos, potosinos y guerrerenses cuentan las mismas historias de terror.
Por lo que hace a la Libertad de Trabajo, Industria y Comercio, pues ¿qué les digo? El cobro de derecho de piso campea por todo el país, lo mismo a empresas grandes y transportistas que a PYMES; el tamaño es lo de menos, a todos se les puede expoliar. Guerrero se lleva la medalla de oro.
Ayer se publicó que el CO del huachicol ha amenazado a Elementos de las Salvaguardas Estratégicas, cuya función es brindar seguridad a los ductos de PEMEX. Los malandros disponen de los datos personales de los trabajadores, con lo cual los extorsionan para que les proporcionen información y hasta un moche de su sueldo (El Universal, 24/04/2024).
Así llegamos al Derecho a la Integridad y Seguridad Personales. El número de homicidios dolosos ha disminuido en 20 por ciento, pero el decremento no se da en la cantidad, ni a la velocidad necesarias. Como todos sabemos, ya van 180 mil muertos en esta administración y tan solo el pasado año ocurrieron 427 masacres, según Causa en Común. Así nos colocamos como el tercer país con mayor criminalidad.
En violencia de género andamos igual de mal, ubicándonos en el lugar 142 de 177 países, según la Universidad de Georgetown, en tanto que los recursos de los programas para mujeres violentadas se redujeron sensiblemente y se entregan tarde. Como si los golpes pudieran esperar.
Los desaparecidos se multiplican como hongos, igual que las fosas clandestinas halladas por los colectivos de buscadoras; el último conteo daba 40 mil personas en lo que va esta administración. Y cuando encuentran cadáveres tampoco se les atiende debidamente, pues el Centro Nacional de Identificación Humana redujo su personal de 59 a 33 especialistas forenses, como parte de la reestructuración (¿?) de la Comisión Nacional de Búsqueda.
El presidente y los morenistas nos dirán que todo es culpa de Calderón, como si no hubiesen sido elegidos para solucionar el problema. Alegarán en su descargo que el gobierno federal y los gobiernos estatales guindas no son los generadores de la violencia.
Efectivamente, no lo son directamente.
Es su desastrosa estrategia y su ineptitud lo que provocan tantas violaciones a nuestros derechos, acompañadas de una gran soberbia para no ver que incumplen con su principal obligación: nuestra seguridad.
Me pregunto quién de ustedes tiene la mejor propuesta y el valor de aplicarla.
Colaboró: Upa Ruiz uparuiz@hotmail.com
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