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Existe una tensión legal, política y cívica entre la promoción del voto en personas internadas en el sistema penitenciario y las sanciones establecidas por el marco normativo vigente, según las cuales una de las privaciones de quienes están detenidas es la suspensión de sus derechos electorales.
El primer debate electoral en una prisión en México intenta asertivamente avanzar en la reinserción con una didáctica institucional aperturista y desde la plataforma de la sanción dispone la oportunidad para las personas privadas de la libertad (PPL) de promover herramientas democráticas para la participación ciudadana informada y fortalecer así la prospectiva de una futura reinserción social enriquecida.
Realizado el viernes pasado en el Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla con representantes de la y los candidatos al gobierno de la Ciudad de México, este ejercicio hace historia en el país y es el segundo en su tipo en América Latina. El único antecedente es de 2017 en Costa Rica.
Negar el voto, una de las premisas enfrentada por este ejercicio, perpetúa la exclusión. La oportunidad está dirigida a quienes aún no reciben una sentencia y se encuentran en prisión preventiva. Esta última, se asume, socava el principio de presunción de inocencia con resultados irreparables si al final de su proceso la persona inculpada obtiene una sentencia favorable.
Hay una tendencia favorecedora del respeto a los derechos políticos de quienes están en reclusión y al diseño de esquemas para acercarles información para emitir un voto razonado.
En Estados Unidos, los debates electorales en prisiones forman parte de los programas de rehabilitación y educación e involucran a candidatos a cargos locales o estatales, con oportunidad para los reclusos de hacer preguntas y participar en discusiones sobre temas relevantes. Lo mismo ocurre en Canadá, Noruega y Alemania.
El encuentro en Santa Martha duró 67 minutos y el tema principal fue la agenda de cuidados en el entorno familiar de las personas en prisión preventiva. De acuerdo con datos del INEGI, casi nueve de cada 10 internos provienen de entornos de vulnerabilidad relacionados con cuidados familiares y ocho de cada 10 tienen dependientes económicos.
¿Tendrán Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, de entre quienes participen, la misma tendencia mayoritaria con la misma ventaja que la registrada frente a Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada en la sociedad abierta? Sostengo que sí. Veremos.
No hubo participación directa de la y los candidatos a suceder a Martí Batres en la jefatura de gobierno. Sebastián Ramírez, dirigente de Morena en CDMX, fue el representante de Brugada, la candidata de Morena-PT-Verde. Olivia Garza expuso las propuestas de Taboada, aspirante del PRI-PAN-PRD. Y Alejandro Piña, coordinador de Movimiento Ciudadano en la capital, llevó las de Salomón Chertorivski. Gran esfuerzo en el detalle de la conceptualización y operación por parte del secretario de Seguridad Ciudadana Pablo Vázquez y el subsecretario a cargo del sistema penitenciario, Omar Reyes.
Este debate, trasmitido el domingo en todos los centros de reclusión de CDMX, acercó información a las más de mil 500 PPL para votar entre el 6 y 20 de mayo por la presidencia de la República, la Jefatura de Gobierno, una diputación local y sus alcaldías. En 2021 hubo pruebas piloto en cinco Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) y el año pasado hubo votaciones en 20 cárceles del Estado de México.
Organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y el Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social, el debate es un primer paso para detonar otros: ¿cuánto de la ciudadanía debe perderse sin hacer intransitable el camino de la reinserción?
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