Búsqueda
En agosto del año pasado, desde el púlpito de Palacio Nacional se descalificó la base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, debido a que al presidente le pareció inaceptable haber llegado a la cifra de 111 mil desaparecidos, 34 por ciento de ellos durante la actual administración.
Sin que mediara explicación, la directora del registro, Karla Quintana, renunció, o la renunciaron, y corrió la versión de que lo hizo ante la exigencia de rasurar el padrón de desaparecidos. Delicada se puso la situación, porque también se difundió en medios que Quintana habría puesto a salvo una copia de la base de datos con un medio estadounidense de gran prestigio.
Palacio Nacional y sus devotos Servidores de la Nación tomaron cartas en el asunto para llevar a cabo una verficación que arrojara un número “real”. Al padrón le sacaron raíz cuadrada y lo disminuyeron a la segunda potencia para informar en diciembre pasado que solo había 12 mil desaparecidos. De un plumazo se borraron 100 mil personas. ¡Vaya burla!
Supongo que ante la incredulidad e indignación generalizadas, en Palacio Nacional se la pensaron dos veces y anunciaron la realización de un censo. El lunes pasado, durante la mañanera, el jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presentaron los primeros resultados después de cinco jornadas de búsqueda y verificación. Por cierto, ¿por qué Martí Batres?
Hay buenas noticias y a partir de estas líneas permítanme utilizar número redondos para no perdernos tanto. La primera es que se siguió una metodología más que menos estructurada para revisar el padrón, que va desde búsqueda en registros criminales hasta los de tipo administrativo. La segunda es que se localizaron 20 mil 700 personas; alrededor de 40 por ciento había huido de su entorno familiar, pero estaban a salvo. Lamentablemente los demás fueron encontrados muertos a causa de un accidente o similares.
La mala noticia es que a los 111 mil iniciales hubo que agregar nueve mil 400 personas, pero descontando los localizados, al mes de marzo de 2024 el Registro cuenta con 99 mil 700 casos. Tres salvedades sobre esta cifra, en algunas de las cuales asiste la razón a AMLO.
La desparición constante de personas inició en la administración de Felipe Calderón, lo cual dio lugar al surgimiento de colectivos de búsqueda, principalmente conformados por madres. Ante la presión de los familiares y la recomendación de la ONU, en 2013 el gobierno peñista promulgó la Ley General de Víctimas. Sin embargo, fue hasta 2019 que se creó la Comisión Nacional de Búsqueda y el concomitante Registro Nacional, alimentado este último con datos que se remontan a 1969.
Como podemos ver, la respuesta de las dos pasadas administraciones ante las desapariciones fue más que lenta y las fiscalías locales tampoco han servido de mucho para brindar información a los colectivos de madres buscadoras. A la fecha hay aproximadamente 250 grupos, siendo más numerosos en las entidades problemáticas como Colima, Sonora, Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato. O sea, donde opera con más fuerza el crimen organizado.
Las madres buscadoras son las que han encontrado las fosas clandestinas; hasta el año pasado habían detectado dos mil 800, después de un “trabajo” difícil, cansado y cruel. Nada más imagínense lo que es excavar en un predio y encontrar 500 kilos de restos óseos que tal vez nunca se identifiquen, como ocurrió en La Bartolina, Tamaulipas (2021). O tener que pedir permiso al crimen organizado para continuar su búsqueda y, a veces, morir en el intento.
Los recursos de apoyo a la búsqueda que proporciona el gobierno federal pasan por la Comisión Nacional y ésta debe distribuirlos a los colectivos; no sé qué tan complicado sea o qué requisitos existan, el caso es que de poco sirven a los colectivos.
El panorama a futuro se antoja sombrío.
En México, la desaparición forzada corre a cargo del crimen organizado, pero aun así es responsabilidad del Estado impedirla. La perpetran células pequeñas que actúan en las distintas localidades, como una estrategia para generar terror. No que le importe al crimen organizado, pero deja en los familiares una llaga abierta para el resto de la vida: hallar al desaparecido es tan improbable como que los culpables sean castigados. Es un duelo que nunca termina, que nunca cierra.
Los colectivos, muchos de ellos agrupados en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, además de la localización, exigen la reparación del daño y, sobre todo, la no repetición de este fenómeno tan extendido.
Me pregunto qué propuestas tienen para la no repetición y si están dispuestos a dialogar con las madres buscadoras, no ahora que andan en campaña, sino una vez que estén en la silla presidencial.
Para la delincuencia, los seres humanos son, simplemente, desechables. Espero que para ustedes no lo sean.
Colaboró: Upa Ruiz uparuiz@hotmail.com
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