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El pasado jueves ante la comunidad de la Universidad Iberoamericana, el candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, sostuvo enfáticamente: “ningún derecho para atrás en la CDMX”, afirmando que a pesar de su militancia en un partido colocado a la derecha del espectro político e ideológico nacional, él viene configurando una nueva visión sobre la cambiante realidad social de nuestro tiempo. Allí los estudiantes le preguntaron sobre sus propuestas de política pública respecto al estigmatizado “sector informal” de la economía, donde 6 de cada 10 personas trabajan en el espacio público integrando el comercio popular. Taboada ofreció generar incentivos para pasarlos a la formalidad, reconociendo que se trata de un grupo social relevante que, sin embargo, no cuenta con acceso a servicios de salud o programas de vivienda. Afirmó que el pago por el uso del espacio público debe generar derechos para ellos. Ofreció seguridad jurídica sobre sus lugares de trabajo y garantías a sus derechos sociales, incorporándolos al esquema tributario de la CDMX.
Casualmente, un día después, el candidato Taboada acudió a recorrer el Centro Histórico, invitado por la Asociación Legítima Cívica Comercial A.C., dirigida por la líder histórica del comercio popular en la Ciudad de México, Alejandra Barrios Richard, quien le mostró con orgullo varios ejemplos de autoconstrucción de viviendas, de guarderías para las infancias y de plazas comerciales asequibles, establecidas con el esfuerzo de ese sector sin apoyo alguno por parte de la iniciativa privada o del gobierno a lo largo de cinco décadas. Durante el recorrido, que culminó en la Plaza de Santo Domingo, el candidato conoció de primera mano estas iniciativas para generar derechos sociales a los agremiados del comercio popular en el espacio público, mostrando su interés por apoyarlos y dar continuidad a esos y otros proyectos. Sin duda algo está cambiando en la CDMX cuando los políticos de profesión escuchan a los ciudadanos de a pie.
Diversos estudiosos afirman que no existen dos economías separadas, una formal y otra informal, sino que más bien la economía formal se nutre de la economía informal y, que por lo tanto, es necesario rechazar la idea de que la informalidad siempre es negativa. Es decir, que la economía formal no sería posible sin la economía informal. La informalidad se define como un conjunto de actividades que no están regidas por un marco legal, lo que la hace un resultado de la ley. Al regular sólo ciertas actividades, otras necesariamente quedan fuera de ella. De aquí deriva la necesidad de brindarles derechos y obligaciones por medio de un marco normativo dirigido a las actividades del comercio popular en el espacio público. En esto consiste el “Derecho a la Ciudad”, que impulsa un nuevo pacto
social y político para hacer efectivos los derechos ciudadanos, obligando a los gobernantes a adoptar como brújula fundamental de su acción la dignidad humana. Solo así se reducirán las desigualdades que afectan a sus habitantes. Es necesaria desde ya una lucha contra las desigualdades económicas y sociales, para evitar que se transformen en desigualdades políticas.
La Ciudad de México necesita de un modelo de administración compartida con los ciudadanos, para intervenir en las políticas públicas y para la construcción de comunidades solidarias. Además de un modelo de Ciudad inteligente y ecológica, urge que sea compartida, colaborativa, inclusiva y garante de los derechos humanos. Es hora de hacer efectivos los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en favor de los diferentes grupos sociales que padecen situaciones de precariedad. El derecho humano a un trabajo digno debe corresponder a todas personas sin distinción alguna, generando condiciones de pleno empleo y estableciendo salarios remuneradores para todo trabajo sea o no subordinado.
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