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Kirill Olegovich Safran llegó a México hace nueve años, huyendo de la represión del gobierno ruso. La Cancillería mexicana está a punto de deportarlo, atendiendo con insólita docilidad a una exigencia del régimen de Vladimir Putin. “Si me extraditan a Rusia me van a matar, estoy seguro” ha dicho Safran desde el Reclusorio Sur, en donde está detenido a solicitud de las autoridades rusas.
En este caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha actuado como agente de Putin. A pesar de que un juez federal dispuso que Safran no sea extraditado porque significaría “un riesgo grave e inminente de que sea víctima de violaciones a derechos humanos y, en específico, de que sea torturado”, la Cancillería expidió en diciembre un acuerdo de extradición. Un amparo, que según las últimas informaciones se resolverá la próxima semana, ha impedido que ese ciudadano ruso sea expulsado de nuestro país.
La historia de Kirill Safran ha sido documentada por el periodista Arturo Ángel, en el espacio que conduce Enrique Hernández Alcázar en W Radio. Safran era simpatizante del disidente ruso Boris Nemtsov que, después de ser vice primer ministro a fines de los años 90, fue severo crítico de Vladimir Putin. En 2014 Safran fue aprehendido y torturado, de acuerdo con su propia versión, debido a su participación política. La policía rusa dijo que lo detenía por posesión de mariguana. Ante la posibilidad de que lo enviaran a un hospital siquiátrico, logró salir de su país y vino a México. Poco antes, en febrero de 2015, Nemtsov fue asesinado a balazos a unas calles del Kremlin.
En México Kirill Safran, que el próximo mes cumplirá 42 años, fundó una empresa de datos geoespaciales, se casó y tiene dos hijos. En julio de 2022 fue, detenido y llevado al Reclusorio Sur, debido a la acusación que lo tuvo preso en su país. El 30 de octubre pasado el juez Juan José Hernández Leyva, titular del Centro de Justicia Penal en dicho Reclusorio, dictaminó que la extradición que solicita el gobierno ruso no debe ser concedida.
En su sentencia, ese juez menciona resoluciones de Naciones Unidas, la OEA y Amnistía Internacional acerca de las transgresiones a los derechos humanos en Rusia y, especialmente, en las prisiones de ese país. Arturo Ángel, en una de sus acuciosas notas radiofónicas, narra que, cuando estuvo detenido en Rusia, Safran “fue sometido a torturas físicas y psicológicas, confirmadas a la postre en peritajes practicados bajo el Protocolo de Estambul. Toques eléctricos, ahogamientos con bolsas plásticas, golpes que le ocasionaron fracturas en las costillas, aislamiento bajo temperaturas gélidas y amenazas permanentes con hacerle daño a su familia, figuran entre esos maltratos”.
Pareciera claro que esa crueldad no se debió a la presunta posesión de droga, sino a las simpatías políticas de Safran. La semana pasada el mismo periodista difundió declaraciones de otro ciudadano ruso, detenido en 2014 junto con Safran. Nikolai Victorovich afirma que la mariguana que encontró la policía no era de Safran sino suya y que, sin embargo, los policías se ensañaron especialmente con Kirill, que era amigo de Boris Nemtsov, el dirigente opositor asesinado poco después.
Aunque no existieran esos testimonios el solo hecho de que Safran asegure que si lo regresan a Rusia puede morir, junto con los antecedentes de su detención, tendría que ser suficiente para que el gobierno mexicano lo protegiera. Pero además la sentencia de un juez federal, después de meses de analizar el caso, advierte que su vida depende de que permanezca en México.
Esas consideraciones han sido irrelevantes para la SRE. El documento de extradición, formulado el 14 de diciembre por instrucciones de la secretaria Alicia Bárcena, desdeña la resolución del juez porque “no es vinculante” y el diagnóstico de Amnistía Internacional le parece irrelevante porque está integrada “por ciudadanos y no por autoridades”.
El riesgo que corre Safran, incluso si permanece en la prisión mexicana, es evidente si se toma en cuenta la costumbre persecutoria y vengativa del autócrata Vladimir Putin. No hay que olvidar el asesinato, el 16 de febrero pasado, del dirigente opositor Aleksei Navalny que se encontraba en una prisión rusa.
La extradición de Kirill Olegovich Safran sería una flagrante traición de la canciller Alicia Bárcena a la legalidad, así como a los principios, solidarios y defensores de la libertad, que ha tenido históricamente la política exterior mexicana.
La repatriación de ciudadanos venezolanos, que llegan a México huyendo del desastre en su país, constituye otra ofensa a esos compromisos humanitarios. El gobierno mexicano acordó con el gobierno de Nicolás Maduro entregar 110 dólares al mes, durante medio año, a los venezolanos que retornan en el programa “Vuelta a la patria”. En ciertos casos se gestiona que algunas empresas mexicanas, instaladas en Venezuela, les den trabajo a esas personas.
Los motivos de centenares de miles de venezolanos que dejan su país y, con enormes penurias, cruzan por ocho naciones, quizá son fundamentalmente económicos pero no se resuelven con unos cuantos dólares. Muchos de ellos no encuentran futuro en la devastación populista y autoritaria que se ha instalado en Venezuela. Entre ellos habrá, además, quienes abandonan su país porque han sufrido persecución política.
En esas condiciones, el acuerdo entre ambos gobiernos es un insulto a muchos migrantes y una farsa que Maduro aprovecha para hacerse propaganda. Cuando la secretaria Bárcena dice que los 110 dólares mensuales son “una maravilla para ellos”, vulgariza las causas de esa migración. Esa contribución monetaria, por otra parte, ha suscitado reacciones conservadoras y profundamente egoístas no sólo en las maniqueas redes sociodigitales sino, también, por parte de algunos comentaristas en los medios.
Las maniobras de Maduro para impedir que haya candidata del frente opositor en las próximas elecciones en Venezuela han provocado protestas de los gobiernos de Brasil y Colombia, entre muchos otros. Al silencio del gobierno mexicano, tan evidente que se vuelve cómplice, se añade el vergonzoso comportamiento de la SRE y su titular que, en casos como los aquí mencionados, se han puesto al servicio de los dictadores Putin y Maduro.
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